El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se dispuso el sábado a asumir un nuevo mandato de cuatro años, tras una polémica reelección en noviembre que la oposición denunció como un fraude y que ha provocado violentas protestas.
Hernández, un abogado conservador aliado de Estados Unidos, deberá gobernar en un ambiente de alta tensión por las amenazas de la oposición de seguir reclamando en las calles del país centroamericano, uno de los más violentos y pobres de Latinoamérica por las pandillas y el narcotráfico.
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La estrecha victoria de Hernández por un 1,53 por ciento de los votos fue reconocida por gran parte la comunidad internacional, incluyendo México y Washington, pese a que la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que es imposible tener certeza sobre el resultado y recomendó celebrar nuevos comicios.
“El usurpador del poder no gobernará tranquilo; continuaremos en las calles protestando por el robo de las elecciones hasta que abandone la presidencia”, dijo el excandidato de la Alianza, Salvador Nasralla, un presentador de televisión que se alió con el derrocado expresidente izquierdista Manuel Zelaya para los comicios.
Al menos 37 personas han muerto en los enfrentamientos entre seguidores de Alianza de Oposición Contra Dictadura y fuerzas de seguridad, según la organización Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). El banco central ha advertido que los bloqueos y marchas podrían afectar a la debilitada economía hondureña.
El mandatario, que defiende la transparencia del proceso y descartó celebrar nuevos comicios, puso en marcha su nuevo gobierno con el nombramiento de Santiago Ruíz, expresidente del poderoso gremio Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), como ministro de Agricultura y Ganadería.
Hernández ha prometido mantener su estrategia de mano dura en el combate a los carteles de la droga y las pandillas, después de reducir el índice de homicidios casi un 50 por ciento durante su primer mandato pese a las denuncias de abusos a los derechos humanos de activistas y ONG.
El mandatario ha sido aplaudido por los mercados por su disciplina fiscal, con la que redujo el déficit en unos cinco puntos porcentuales a un 3,2 por ciento del Producto Interno Bruto. El crecimiento económico se aceleró a un 4,2 por ciento en 2017 desde un 2,8 por ciento en 2013.
Sin embargo, sus críticos reclaman que la mejora de las cifras no ha beneficiado a la mayoría del país, donde seis de cada 10 personas viven bajo el umbral de pobreza y decenas de miles deciden emigrar a Estados Unidos cada año buscando mejores oportunidades.
