Un grupo internacional de defensa de los derechos humanos implicó el miércoles a las fuerzas de seguridad de Venezuela y a grupos armados progubernamentales en los asesinatos ocurridos durante las protestas que siguieron a las disputadas elecciones presidenciales celebradas en julio en el país.
En un reporte que detalla las medidas represivas adoptadas por el gobierno tras la votación, Human Rights Watch afirmó que las evidencias creíbles recopiladas y analizadas por investigadores, forenses y expertos en armas vinculan a la Guardia Nacional y a la policía nacional con algunos de los 24 asesinatos ocurridos durante las protestas contra los resultados de los comicios. El grupo concluyó también que bandas violentas afines al partido gobernante también “parecen ser responsables” de algunos de los decesos.
Veintitrés de los fallecidos eran manifestantes o transeúntes y uno era miembro de la Guardia Nacional Bolivariana.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal", dijo Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW en un comunicado. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado".
HRW indicó que alcanzó sus conclusiones basándose en entrevistas con testigos, periodistas y otras fuentes; revisiones de los certificados de defunción, videos y fotografías, y análisis de patólogos forenses y expertos en armas.
Miles de personas, incluyendo menores, salieron a las calles en toda Venezuela horas después de que las autoridades electorales, leales al partido gobernante, declararan al presidente, Nicolás Maduro, como vencedor de las elecciones. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, pero los inconformes también derribaron estatuas del predecesor de Maduro, el difunto Hugo Chávez, arrojaron piedras contra agentes de seguridad y edificios, y quemaron motos de la policía y propaganda gubernamental.
Maduro y sus aliados, que controlan todos los aspectos del gobierno del país, respondieron a las movilizaciones con toda la fuerza, llevando a cabo detenciones arbitrarias y enjuiciamientos, así como una campaña que anima a la población a denunciar a familiares, vecinos y conocidos que participaron en las protestas o dudan de los resultados electorales.
Entre los asesinatos detallados en el reporte de Human Rights Watch está el de Rancés Daniel Yzarra Bolívar, un ingeniero civil de 30 años que trabajaba en un tráiler de comida y participó en las protestas del 29 de julio en la ciudad de Maracay, en el norte del país, según el grupo.
Un reportero contó a los investigadores que inicialmente la manifestación fue pacífica, y otro testigo dijo que los participantes pidieron a los soldados de un complejo militar que se unieran a ellos. Uno de los soldados les ordenó que se marchasen, y algunos lo hicieron.
Los investigadores verificaron videos que muestran a manifestantes pacíficos y agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines. Otra grabación, que los investigadores geolocalizaron a unos 150 metros (490 pies) del complejo militar, muestra humo cerca del recinto y se escucha a una persona diciendo que son las 17:37 horas y que los agentes están lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
“Aproximadamente a las 18:00, una bala alcanzó a Yzarra Bolívar en el lado izquierdo del pecho, según una persona cercana a la víctima”, indicó el reporte. “Human Rights Watch analizó y geolocalizó cuatro videos en los que se veía a Yzarra Bolívar herido e inconsciente. En un video verificado (...) grabado por un periodista a las 17:50 y publicado 20 minutos después, se ve a dos manifestantes llevando a Yzarra Bolívar a un lugar situado a unos 150 metros de la brigada militar. Se escucha a otros manifestantes gritar ‘lo mataron’”.
En los días posteriores a las elecciones, las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a más de 2.000 personas, incluyendo docenas de menores, reporteros, líderes políticos o personal de campaña, entre otros. Un activista transmitió en vivo su arresto por parte de agentes de la inteligencia militar que entraron en su vivienda con una palanca.
“Maduro y el fiscal general, Tarek Saab, han dicho públicamente que los detenidos eran responsables de sucesos violentos, terrorismo y otros delitos”, apuntó el grupo en su reporte. “Sin embargo, Human Rights Watch ha encontrado repetidamente casos de personas detenidas simplemente por criticar al gobierno o participar en protestas pacíficas”.
De acuerdo con HRW, a menudo los detenidos han estado incomunicados durante semanas y a la mayoría se les ha negado el derecho de contratar a un abogado.
A diferencia de comicios presidenciales previos, el Consejo Nacional Electoral no hizo público el conteo de los votos que respaldaba la victoria de Maduro. Pero la principal coalición opositora obtuvo las actas de más del 80% de las máquinas de votación electrónicas utilizadas en las elecciones y afirmó que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de 2 a 1.
La falta de transparencia acerca de los resultados, sumada a las detenciones generalizadas que siguieron a las protestas antigubernamentales, han provocado la condena internacional contra Maduro y sus aliados. Las críticas aumentaron el lunes cuando un juez aprobó la petición de la fiscalía para dictar una orden de arresto contra González.
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