El grupo defensor de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, expresó en un comunicado que “Venezuela debería cerrar una oficina creada recientemente que otorga al gobierno de Chávez amplios poderes para limitar el debate público”.
El grupo sostuvo que el gobierno venezolano también debería poner fin a los intentos por desacreditar a los defensores de derechos humanos y a los procesos penales contra críticos.
De acuerdo con Human Rights Watch, el decreto presidencial que el 1º de junio de 2010, creó el Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna), con amplias facultades para restringir la difusión pública de cualquier "información, hecho o circunstancia" que considere confidencial.
"Chávez ha creado una nueva herramienta para controlar el debate público en Venezuela", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"El nuevo organismo permitiría al presidente impedir que se debatan temas que no sean convenientes para su gobierno, lo cual vulnera flagrantemente los derechos de expresión e información, que constituyen uno de los pilares de una sociedad democrática", agregó.
Por otra parte, Human Rights Watch señaló que recientemente, algunos defensores de derechos humanos han sufrido amenazas luego de criticar políticas del gobierno en el marco de su trabajo. El comunicado cita entre otros casos, el del director de Globovisión, Guillermo Zuloaga, que está siendo investigado por criticar a Chávez en declaraciones públicas expresadas en Aruba, durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
