En la primera sesión del 112º Congreso de Estados Unidos, algunos legisladores estatales iniciaron una campaña para negar la ciudadanía a los niños que nazcan en Estados Unidos cuyos padres sean inmigrantes indocumentados.
La medida ya fue rechazada anteriormente por organizaciones de derechos y activistas hispanos. Incluso, durante la conferencia de prensa realizada en Washington, hubo enfrentamientos entre partidarios y opositores de la medida.
Legisladores de Pensilvania, Oklahoma, Carolina del Sur, Georgia y Arizona, agrupados en el denominado Legisladores Estatales por la Inmigración Legal, fueron los que impulsaron un modelo legal que según sostienen, sería promovido en 40 estados.
El objetivo es negar el derecho a ciudadanía por nacimiento. El derecho aparece consagrado en la Enmienda 14 a la Constitución, sin embargo, los impulsores de la iniciativa hacen una lectura diferente de la referida enmienda.
La ley propuesta exigiría que todos los certificados de nacimiento indiquen la ciudadanía y situación inmigratoria de los padres, incluso si se encuentran en el país de manera ilegal.
Los legisladores esperan que tal ley motive demandas y obligue a una revisión de la Enmienda 14 por la Corte Suprema de Estados Unidos o el Congreso.
"Desde hace mucho he considerado el derecho de ciudadanía por nacer en el país como el Santo Grial del debate de la inmigración ilegal", dijo el congresista republicano de Oklahoma Randy Terrill.
La conferencia de prensa en Washington, donde se anunció el plan, fue interrumpida por manifestantes que llamaron racistas a los legisladores, provocando una pelea entre partidarios y opositores.
La Enmienda 14, que garantiza la ciudadanía a "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y se someten la jurisdicción del mismo", fue adoptada en 1868, después de la Guerra Civil de Estados Unidos para garantizar la ciudadanía a los ex esclavos afro-estadounidenses.
La propuesta de los legisladores recibió fuertes críticas y fue definida como “un ataque contra la Enmienda 14", según dijo la analista de política Michele Waslin del Centro de Política sobre Inmigración, agregando que "claramente se opone a las ideas fundamentales en las que se funda Estados Unidos y es miserable".
"Estas posturas enviarían a los hospitales, familias y a la sociedad al caos, exigiendo que el gobierno ingrese a cada sala de partos para determinar la paternidad del niño y la situación de sus padres", dijo Janet Murguia, presidenta del Consejo Nacional de La Raza.
