El exilio a España del ex candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia reforzará las presiones de la comunidad internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro para que compruebe su victoria electoral y cese la represión de la disidencia, vaticinan expertos en ciencias políticas y procesos de transición.
El domingo, González Urrutia aterrizó en Madrid para solicitar asilo político, que le será concedido, de acuerdo con el gobierno español, después que un juez ordenara su arresto por varios delitos vinculados a la publicación de actas de votación de la elección del 28 de julio.
Según la oposición, que se atribuye el triunfo de esos comicios, la vida de su postulado presidencial corría peligro. “Hemos ganado”, dijo, por su parte, el presidente Maduro el lunes al referirse al exilio. Las presiones de gobiernos extranjeros continúan, no obstante.
Esta semana, Estados Unidos dijo a través de un portavoz del Departamento de Estado que consideraba una variedad de opciones para demostrar a Maduro que sus actos tienen consecuencias palpables. Según reportes de prensa, Washington tiene listos los borradores de sanciones individuales contra 15 funcionarios venezolanos.
Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, llamó a la comunidad internacional impedir que Maduro y sus representantes “se aferren al poder por la fuerza”, llamando a respetar la voluntad del pueblo y señalando que González Urrutia seguía siendo “la mejor esperanza para la democracia”, a pesar de su exilio a España.
Su destierro es “un duro golpe” para las negociaciones de transición y “un gesto obsceno” del gobierno madurista a la Casa Blanca, advierte el analista sénior del centro de pensamiento The Atlantic Council, Geoff Ramsey.
“Esto pone a Washington en un serio aprieto”, comentó a la Voz de América después de conocerse el exilio de González Urrutia. “No está claro qué herramientas, si es que tiene alguna, tiene la Casa Blanca para derrocarlo”, añadió.
El experto venezolano en relaciones internacionales, Juan Francisco Contreras, opina que la comunidad internacional “seguirá presionando” para que las autoridades presenten los soportes del resultado electoral.
Cuarenta y cinco días después de la elección, múltiples gobiernos de la región se han movido en distintos frentes ante la crisis venezolana.
Exigencia individual y conjunta
Mediante comunicados individuales y conjuntos de los gobiernos de la región y la Unión Europea, se ha exigido a las autoridades venezolanas evidencias de las actas de votación, su verificación independiente y la advertencia de que una sentencia judicial como la ocurrida en la Sala Electoral del máximo tribunal de justicia del país sería insuficiente.
Por otra parte, en organismos multilaterales, como la Organización de Estados Americanos, la secretaría de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha demandado el cese de la represión, persecución y arrestos de cientos de activistas y manifestantes opositores.
Durante la crisis postelectoral, gobiernos de países como Estados Unidos y Panamá, entre otros, han respaldado las gestiones de los presidentes de Brasil, Colombia y México para exigirle a Maduro que presentara las actas que evidenciaban su triunfo. Ello no ha ocurrido aún.
El miércoles, el Congreso español aprobó reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela, exhortando al gobierno de Pedro Sánchez a hacer lo propio. Sánchez dijo que no lo haría, si bien reivindicó su asilo. Antes, lo había calificado como “un héroe” de la política venezolana.
Sólo Panamá ha reconocido al dirigente opositor como mandatario electo. Perú lo hizo, pero se retractó días después, sumándose a las voces de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que lo identifican como el candidato que recibió la mayor cantidad de votos en la elección del 28 de julio.
Incentivos y garrote
Tamara Tarasiuk, investigadora y analista de asuntos venezolanos en el centro de estudio Diálogo Interamericano, aseguró la semana pasada durante un simposio de la plataforma R4V que “no es imposible” una salida negociada a la crisis postelectoral.
Destacó que el resultado electoral fue “tan burdo” que se le hace “incómodo” incluso a aliados de Maduro en la región hacerse de la vista gorda.
Para que haya una salida negociada, dijo Tarasiuk, debe existir una “respuesta coordinada” por parte de los países de la región a fin de “aumentar el costo” de las acciones de las autoridades venezolanas, que, a su entender, se han atrincherado en un “camino represivo”.
Esa respuesta se basaría en la estrategia de “zanahoria y garrote”, señaló.
El viernes pasado, Argentina pidió a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que libre órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, específicamente contra Maduro, mientras Uruguay se plegó a la denuncia original de 2018 sobre el país suramericano, llamando a tomar “medidas urgentes”.
La comunidad internacional y la oposición deben hacer “una oferta de incentivos que sean legales, aunque incómodos” para poder abrir la puerta a una transición democrática, que incluiría el reconocimiento del triunfo de González Urrutia, indicó Tarasiuk.
Explicó que hay alternativas legales para ofrecer “ciertos beneficios” a quienes no están en “una lista negra” de potenciales sentencias penales por violaciones graves de los derechos humanos, que podrían considerarse delitos de lesa humanidad.
Esos incentivos, aunque “moralmente incómodos”, abarcarían a los mandos medios del gobierno y las fuerzas de seguridad, miembros del poder judicial y a quienes han cometido delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, precisó. Es decir, todo aquel que no hayan cruzado “la línea roja” de crímenes de lesa humanidad, subrayó la experta.
“En Venezuela, hay mucha más gente que robó que quienes cometieron delitos de lesa humanidad”, apuntó, destacando que el poder “no es monolítico” y está fragmentado. Los sistemas jurídicos de los distintos países pueden ser útiles para ofrecer esos incentivos a quienes puedan facilitar una transición democrática, consideró.
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