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Incertidumbre política y disturbios ponen a prueba resiliencia fiscal de Perú: Fitch


Los llamados activistas de "primera línea" marchan con escudos improvisados durante una protesta contra el gobierno y el Congreso de la presidenta Dina Boluarte, en Arequipa, sur de Perú, el miércoles 4 de enero de 2023.
Los llamados activistas de "primera línea" marchan con escudos improvisados durante una protesta contra el gobierno y el Congreso de la presidenta Dina Boluarte, en Arequipa, sur de Perú, el miércoles 4 de enero de 2023.

El Gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte ha tratado de adelantar las elecciones generales a este año para aplacar las feroces protestas, que han dejado al menos 60 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La agitación social y la crisis política que asedian a Perú desde diciembre podrían socavar el panorama macroeconómico y generar más presión sobre la posición fiscal del país andino, dijo el jueves la agencia de calificación de deuda Fitch Ratings.

El déficit fiscal de Perú se redujo a 1,6% del Producto Interno Bruto en 2022, una baja de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior, según datos del Ministerio de Economía.

La lectura está por encima de la brecha anticipada por Fitch de un 2% y según la agencia podría sostenerse si se cumple la disciplina en las finanzas públicas y los precios de los metales industriales, como el cobre, continúan sólidos este año.

Sin embargo, la posibilidad creciente de que se extienda la crisis política podría perjudicar la resiliencia fiscal y el panorama para la nota de calificación soberana, actualmente el "BBB", con perspectiva negativa, indicó Fitch en un reporte.

"Los recientes eventos son consistentes con nuestra estimación de que este deterioro podría ser difícil de revertir en un periodo previsible hasta fines del 2024", dijo la firma.

"La crisis ha incrementado la incertidumbre fiscal y podría impactar en la ejecución de gastos de inversión", añadió.

Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, atraviesa por una grave parálisis política y descontento social desde la remoción del presidente de izquierda Pedro Castillo tras suintento ilegal por disolver el Congreso.

El Gobierno de la actual presidenta Dina Boluarte ha tratado, sin éxito, adelantar las elecciones generales a este año para aplacar las feroces protestas y bloqueos, que han dejado al menos 60 muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad desde inicios de diciembre.

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