Arrancar las uñas y los dientes, o el uso de descargas eléctricas son algunos de los métodos que se estarían usando contra los presos políticos en Venezuela, según un informe divulgado este miércoles por el Instituto CASLA, un centro de estudios para América Latina, y la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington.
Este es el sexto informe de su tipo que el Instituto CASLA presenta en la OEA con el objetivo de denunciar crímenes de lesa humanidad que ocurren en Venezuela. El instituto asegura haber tenido acceso de manera confidencial al Manual de Operaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde se detalla la manera en que se ejecutan las supuestas torturas, según dijeron en la presentación del informe.
“En este se presentan evidencias sobre los tormentos a los que son sometidos los venezolanos día a día para sostener la dictadura de Maduro”, dijo Hector Schamis, asesor del secretario general de la OEA.
Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, aseguró durante la presentación que las celdas de tortura ubicadas en el subsótano de la sede principal del DGCIM en Boleíta de Caracas “han sido nuevamente activadas para torturar física y psicológicamente a los que están en ese lugar”. El objetivo, según dijo, "es castigarlos incomunicados, aislarlos completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”.
“En el 2022 la lista de presos políticos aumentó con las detenciones de sindicalistas, militares, de partidos políticos, militantes, periodistas y civiles que el régimen acusa de conspiración”, apuntó Suju.
El Instituto CASLA documentó en el informe 19 incidencias nuevas donde las víctimas fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad. “En tres incidencias las víctimas reflejaron haber sido llevadas a los distintos centros de detención o centros de torturas clandestinos con otras personas, pero sin conocer la cifra exacta porque todos estaban encapuchados”, agregó Suju.
Entre los métodos de tortura descritos por víctimas al Instituto CASLA también figuran cortaduras en las plantas de los pies con navajas, azotes con látigos, correas o cables eléctricos, ahogamientos en pozos de agua natural, fracturas en el rostro y ahorcamiento.
“En las narradas como las más crueles, que no son aquellas que dejan huella física pero las víctimas las describen como las más dolorosas, están las amenazas de detención, detención o simulación de tener a sus familiares detenidos”, dijo Suju. En al menos nueve incidencias las víctimas fueron amenazadas mientras eran interrogados.
Un informe de la Secretaría General de la OEA y de un panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela reveló que desde el 2013 hasta el 2018, más de 12.000 personas “fueron detenidas arbitrariamente” en el contexto de protestas y manifestaciones contra el gobierno venezolano,
En aquel momento, el panel recibió información también de por lo menos 289 casos de tortura y 192 casos de violaciones a personas bajo el control del Estado y un número de desapariciones forzadas.
“El Presidente de la República tiene la absoluta responsabilidad de la inducción y ejecución de la persecución, intimidación, represión, detenciones arbitrarias, torturas en todas sus formas en contra de todos los venezolanos, incluyendo oficiales de la Fuerza Armada y de otros organismos de seguridad”, sentenció Suju durante su presentación.
El más reciente informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) concluye que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad”, a la vez que señala a Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia y describe métodos de torturas implementados en las celdas de la DGCIM.
En varias ocasiones el Estado venezolano ha condenado los señalamientos en su contra. Puntualmente, sobre ese último informe de la FFM, cuyo mandato fue renovado por el Consejo de DDHH de la ONU, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela aseguró que presenta “acusaciones falsas y sin fundamento”.
Hallazgos sobre actuaciones de funcionarios extranjeros
En seis incidencias, según los relatos de las víctimas en el informe, agentes extranjeros intervinieron en sus torturas, bien sea dando órdenes o ejecutando. “En cuatro de ellas, las víctimas identificaron a personas con acento colombiano a quienes la DGCIM entregaba, por ejemplo, simulando una venta de rehenes”, describió la directora ejecutiva de CASLA.
En una incidencia, la víctima reconoció a los funcionarios que lo torturaron como colombianos y cubanos, y en tres incidencias la víctima involucró directamente a agentes cubanos en la ejecución del maltrato.
“Hay patrones de conducta entre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son copias, parecen hermanos los regímenes dictatoriales de América Latina”, agregó Suju. “Esa estructura es la que está en este momento armada en Venezuela. Cualquiera que sale a manifestar, ya sabe el régimen donde vive, quién es la esposa, quiénes son los hijos, qué van a hacer”.
Suju concluyó que las sanciones impuestas por la comunidad internacional a los tres países en condena a la privación de libertad de personas de la oposición “han sido muy importantes”, sin embargo, en el caso de Venezuela “Maduro ha logrado burlarlos”.
La presión internacional tiene que enfocarse en la justicia. Si hay algo que Maduro le teme es a la justicia"Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA
“La presión internacional tiene que enfocarse en la justicia. Si hay algo que Maduro le teme, es a la justicia, es a ir preso, es que no le permitan hacer los viajes que hace, es que no lo encierren dentro de Venezuela y no pueda salir”, agregó.
En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
A finales del año pasado la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro, que pidió un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano rechazó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
Tras una reunión con el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, Maduro aseguró haber ratificado al Alto Comisionado su "compromiso con la defensa de los DDHH" y su voluntad de "avanzar en el perfeccionamiento del sistema de justicia".
Türk, que durante su visita oficial a Caracas el mes pasado dijo haber escuchado relatos de personas detenidas "arbitrariamente" que, en algunos casos, fueron "torturadas", aseguró haber pedido a Maduro y sus ministros dejar en libertad a todas aquellas personas detenidas arbitrariamente.
"Se me prometió que se atenderían las denuncias de torturas, serán investigadas y los responsables enjuiciados. Animé a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas", dijo en una conferencia de prensa antes de culminar su visita a finales de enero.
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