De acuerdo a un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, el 57,2 % de los casos de presos políticos son oficiales de la Fuerza Armada Nacional (FAN), lo que evidencia que, en los últimos, se han registrado más detenciones (por razones políticas) de militares que de civiles.
“De estas 193 personas, 7 son mujeres y 186 de sexo masculino (…) respecto a los grados, en su mayoría son capitanes y sargentos”, detalló Ana Leonor Acosta, miembro de la Coalición.
La abogada resaltó que en el 95 % de los casos “se imputan los mismos delitos”, entre ellos traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión.
“Se pretende procesar a estas personas por ir en contra del sistema establecido y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares”, explicó al presentar el informe sobre la justicia militar en Venezuela.
Violaciones a los DD. HH.
El informe evidenció que existen “4 patrones” de violaciones a los derechos humanos y 3 de ellos “se encuadran perfectamente” dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, destacó Kelvi Zambrano, integrante de la Coalición.
El abogado sostuvo que, en el 90% de los casos, los presos políticos militares son víctimas de desapariciones forzosas, “considerado como delito de lesa humanidad” y uno de los tipos penales prohibido por la Convención contra la Desaparición Forzosa de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“El otro patrón de conducta es la tortura y este es quizás uno de los más graves (…) hemos podido describir de qué forma estas personas son torturadas, recordemos que las torturas es un delito que también es considerado como un tipo penal internacional de acuerdo al Estatuto de Roma”, advirtió Zambrano.
Zambrano explicó que los casos de tortura que lleva la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia han sido presentados ante la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuesta alguna, por lo que han acudido a instancias internacionales.
“Las personas que son víctimas de tortura, hoy en día padecen de graves patologías desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, biológico porque el Estado además de incumplir con su responsabilidad primaria que es la de investigar, no ha reparado a estas personas”, dijo.
Justicia militar
Según la investigación, desde 2017 no solo se ha detectado un incremento en las detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional, sino que los civiles son presentados ante la jurisdicción militar, evidenciando importantes violaciones a los derechos fundamentales.
Aunque recientemente la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, que, según la Coalición, “pretende solucionar” el enjuiciamiento de civiles en la jurisdicción militar, aseguran que la situación persiste.
“Esta reforma muy cuestionada no solo por la forma en la que se aprobó sino por el fin que tiene de enviar los casos de los civiles sometidos a la jurisdicción militar a la jurisdicción ordinaria no resolvió que los civiles sean sometidos a la justicia militar, siguen siendo juzgados al día de hoy por delitos militares”, dijo Acosta.
La defensora de derechos humanos subrayó que la justicia militar en Venezuela presenta defectos estructurales, debido a que “se encuentra dirigida por el presidente de la República y el ministro de la Defensa”.
“Lo que quiere decir que se encuentra sometida al Poder Ejecutivo y esto impide la imparcialidad y la independencia que debe tener el poder judicial”, puntualizó.
El año pasado, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común.
Miembros de la sociedad civil consideran que las reformas implementadas buscan “eludir” la competencia de la Corte Penal Internacional.
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