Mientras cientos de jóvenes inmigrantes indocumentados a todo lo largo de Estados Unidos han comenzado a presentar sus solicitudes para ser reconocidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, una orden ejecutiva firmada por la gobernadora de Arizona obliga a las oficinas estatales a negarles la licencia de conducir y otras prestaciones.
La orden fue firmada el miércoles por la gobernadora Jan Brewer, quien de todos modos había calificado la medida ordenada por el presidente Barack Obama de ser una “aministía clandestina”.
La ley de Arizona contempla la prohibición de otorgar a los inmigrantes indocumentados servicios pagados con recursos de los contribuyentes, incluyendo las matrículas preferenciales en las universidades estatales que normalmente se cobran a los residentes del estado.
En ese sentido, la orden de Brewer señala que el programa federal que da permisos de trabajo no confiere estatus legal a los inmigrantes que no lo tienen y que "podría resultar en que algunos inmigrantes no autorizados consigan indebidamente acceso a prestaciones públicas, algo que sería contrario a la intención de los electores de Arizona y los legisladores que decretaron las leyes que expresamente restringen el acceso a una identificación estatal y a prestaciones financiadas por los contribuyentes".
Francisco Heredia, director de la organización Mi Familia Vota en Arizona, criticó la política de Brewer.
"Para nosotros esta orden es un juego político. La gobernadora está usando nuestra comunidad para ganar puntos en su carrera política", dijo Heredia a la Voz de América. "Esta es una mala política para todo el estado de Arizona", agregó.
Aunque Heredia explica que Mi Familia Vota aún no ha determinado los pasos a seguir para mejorar esta situación, recomendó a los inmigrantes indocumentados de Arizona que postulen a la Acción Diferida, si califican para ella.
De paso, llamó a la comunidad inmigrante a votar en las elecciones para contrarrestar estas políticas. "Lo que nos dará poder para cambiar las cosas es nuestro voto en noviembre", aseguró Francisco Heredia.
Mi Familia Vota es una organización que busca aumentar la participación civil de los inmigrantes provenientes de países latinoamericanos para promover "la justicia económica y social".
La orden fue firmada el miércoles por la gobernadora Jan Brewer, quien de todos modos había calificado la medida ordenada por el presidente Barack Obama de ser una “aministía clandestina”.
La ley de Arizona contempla la prohibición de otorgar a los inmigrantes indocumentados servicios pagados con recursos de los contribuyentes, incluyendo las matrículas preferenciales en las universidades estatales que normalmente se cobran a los residentes del estado.
En ese sentido, la orden de Brewer señala que el programa federal que da permisos de trabajo no confiere estatus legal a los inmigrantes que no lo tienen y que "podría resultar en que algunos inmigrantes no autorizados consigan indebidamente acceso a prestaciones públicas, algo que sería contrario a la intención de los electores de Arizona y los legisladores que decretaron las leyes que expresamente restringen el acceso a una identificación estatal y a prestaciones financiadas por los contribuyentes".
Francisco Heredia, director de la organización Mi Familia Vota en Arizona, criticó la política de Brewer.
"Para nosotros esta orden es un juego político. La gobernadora está usando nuestra comunidad para ganar puntos en su carrera política", dijo Heredia a la Voz de América. "Esta es una mala política para todo el estado de Arizona", agregó.
Aunque Heredia explica que Mi Familia Vota aún no ha determinado los pasos a seguir para mejorar esta situación, recomendó a los inmigrantes indocumentados de Arizona que postulen a la Acción Diferida, si califican para ella.
De paso, llamó a la comunidad inmigrante a votar en las elecciones para contrarrestar estas políticas. "Lo que nos dará poder para cambiar las cosas es nuestro voto en noviembre", aseguró Francisco Heredia.
Mi Familia Vota es una organización que busca aumentar la participación civil de los inmigrantes provenientes de países latinoamericanos para promover "la justicia económica y social".
