En Argentina, las autoridades judiciales empezarán una investigación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y otros de sus funcionarios, quienes fueron acusados por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota por presuntos delitos contra la población civil como ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas.

Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, explicó a la Voz de América que la justicia argentina está facultada para investigar esos delitos, debido a que la constitución de ese país reconoce el principio de jurisdicción universal.

“Por los muertos, por las detenciones arbitrarias, por los heridos, hubo lo que se consideró un ataque sistemático a la población civil y eso es constitutivo de crímenes contra la humanidad que abren la puerta a la jurisdicción universal”, expresó Taraciuk.

La defensora de derechos humanos fundamenta su argumento en un informe del año 2018 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH que determinó que en Nicaragua se cometieron delitos de lesa humanidad contra manifestantes.

“Es darle esperanzas a las víctimas que habrá justicia y rendición de cuentas por los abusos”, indicó la directora para las Américas de Human Rights Watch.

De hecho, las madres de las más de 300 víctimas de la violencia organizadas en la Asociación Madres de Abril, responsabilizan al Estado de Nicaragua por la muerte de sus hijos.

Sofía Mayorga, madre de un estudiante asesinado denunció que “los mismos del gobierno Ortega Murillo son los asesinos de esos 300 y resto de jóvenes, niños y adultos. Ellos mandaron a matar”.

Aunque Nicaragua no se ha referido al proceso de investigación en Argentina, el presidente Daniel Ortega ha insistido en que lo que ocurrió en el año 2018 fue un intento de golpe de Estado.

“Tenían armas y atacaban todos los días cuarteles de policías”, dijo el mandatario nicaragüense durante el acto del 43 aniversario de la Policía Nacional.

El juez federal Ariel Lijo, quien recibió la denuncia contra el presidente Daniel Ortega y sus funcionarios, estará a cargo del proceso.