El informe anual sobre terrorismo difundido por el Departamento de Estado de EE.UU. en el que se advierte que las actividades terroristas de Irán alcanzaron el último año un nivel no visto desde la década de 1990 ha coincidido con otro mucho más detallado y alarmante del fiscal argentino Alberto Nisman, que desde hace casi una década investiga el atentado a la AMIA.
El ataque en 1994 con un carro bomba a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina en el que murieron 85 personas, hecho atribuido a la inteligencia iraní, fue según el fiscal sólo la punta del iceberg en la trama de terror que Irán ha venido tejiendo en América Latina mediante “estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”.
Nisman señala en un informe de 500 páginas, mediante el cual acusa legalmente a Irán de promover el terrorismo internacional, que esas estaciones patrocinadoras del terror podrían estar activas hoy en día en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
El punto de partida, de acuerdo con la investigación, tuvo lugar en 1982 cuando el régimen de Teherán reunió a 380 clérigos islámicos de 70 países con el propósito de “exportar” la revolución iraní “entendida como la penetración cultural, política y religiosa, destinada a expandir una visión radicalizada del islam”, y si era necesario hasta de “manera violenta”.
Según Nisman, antes del atentado a la AMIA en Buenos Aires, en Argentina se reclutaba en las mezquitas a potenciales agentes terroristas y desde la sede diplomática y la oficina cultural de Irán en Buenos Aires se les daba cobertura legal. Algo parecido, a su juicio, podría “estar ocurriendo en varios países de Centro y Sudamérica”.
El fiscal federal estuvo años recopilando información sobre la penetración iraní en la región y llegó a la conclusión de que en todos los países analizados se repite un patrón dado por la participación de líderes religiosos.
La misión de estos, agrega, “es infiltrar, con la ayuda de las embajadas, las mezquitas y los centros culturales, a las comunidades locales y de ese modo construir una estación de inteligencia con capacidad para facilitar y apoyar los actos terroristas que el régimen iraní eventualmente decida perpetrar”.
Nisman documenta en su informe declaraciones del procurador regional brasileño Alexandre Camanho en 2011 según las cuales inadvertidamente “está surgiendo una generación de extremistas islámicos en Brasil”, y sostiene además que en Paraguay ha sido comprobada la presencia de Hezbolá, grupo terrorista libanés financiado por Teherán.
El fiscal dice que el exagregado cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA, fue quien coordinó la penetración en Suramérica y especialmente en Guyana "a través de su discípulo Abdul Kadir, máximo referente iraní en dicho país”, un ex diputado guyanés sentenciado en EE.UU. a cadena perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en 2007.
Desde el año 2005, Irán abrió seis embajadas adicionales en América Latina, tiene 17 centros culturales en la región, y ha estrechado notablemente sus lazos especialmente con Venezuela, Bolivia y Ecuador, como parte de sus esfuerzos por tratar de eludir las sanciones internacionales contra su programa nuclear y fomentar en América Latina políticas y sentimientos antiestadounidenses.
El ataque en 1994 con un carro bomba a la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina en el que murieron 85 personas, hecho atribuido a la inteligencia iraní, fue según el fiscal sólo la punta del iceberg en la trama de terror que Irán ha venido tejiendo en América Latina mediante “estaciones de inteligencia destinadas a cometer, fomentar y patrocinar actos terroristas”.
Nisman señala en un informe de 500 páginas, mediante el cual acusa legalmente a Irán de promover el terrorismo internacional, que esas estaciones patrocinadoras del terror podrían estar activas hoy en día en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago y Surinam.
El punto de partida, de acuerdo con la investigación, tuvo lugar en 1982 cuando el régimen de Teherán reunió a 380 clérigos islámicos de 70 países con el propósito de “exportar” la revolución iraní “entendida como la penetración cultural, política y religiosa, destinada a expandir una visión radicalizada del islam”, y si era necesario hasta de “manera violenta”.
Según Nisman, antes del atentado a la AMIA en Buenos Aires, en Argentina se reclutaba en las mezquitas a potenciales agentes terroristas y desde la sede diplomática y la oficina cultural de Irán en Buenos Aires se les daba cobertura legal. Algo parecido, a su juicio, podría “estar ocurriendo en varios países de Centro y Sudamérica”.
El fiscal federal estuvo años recopilando información sobre la penetración iraní en la región y llegó a la conclusión de que en todos los países analizados se repite un patrón dado por la participación de líderes religiosos.
La misión de estos, agrega, “es infiltrar, con la ayuda de las embajadas, las mezquitas y los centros culturales, a las comunidades locales y de ese modo construir una estación de inteligencia con capacidad para facilitar y apoyar los actos terroristas que el régimen iraní eventualmente decida perpetrar”.
Nisman documenta en su informe declaraciones del procurador regional brasileño Alexandre Camanho en 2011 según las cuales inadvertidamente “está surgiendo una generación de extremistas islámicos en Brasil”, y sostiene además que en Paraguay ha sido comprobada la presencia de Hezbolá, grupo terrorista libanés financiado por Teherán.
El fiscal dice que el exagregado cultural iraní en Argentina, Moshen Rabbani, acusado por el ataque a la AMIA, fue quien coordinó la penetración en Suramérica y especialmente en Guyana "a través de su discípulo Abdul Kadir, máximo referente iraní en dicho país”, un ex diputado guyanés sentenciado en EE.UU. a cadena perpetua por su responsabilidad en el frustrado atentado al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en 2007.
Desde el año 2005, Irán abrió seis embajadas adicionales en América Latina, tiene 17 centros culturales en la región, y ha estrechado notablemente sus lazos especialmente con Venezuela, Bolivia y Ecuador, como parte de sus esfuerzos por tratar de eludir las sanciones internacionales contra su programa nuclear y fomentar en América Latina políticas y sentimientos antiestadounidenses.
