Un juez del Tribunal Supremo español abandonó el jueves sus pedidos de extradición de seis políticos separatistas catalanes acusados de rebelión, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Puigdemont huyó a Bélgica luego de un referendo por la independencia el primero de octubre para evitar el arresto y después se instaló en Alemania.
Una corte alemana sentenció recientemente que Puigdemont no puede ser extraditado por rebelión, sino solamente por malversación de fondos públicos.
La pena máxima por rebelión en España es de 30 años de cárcel, en tanto la malversación se pena con hasta 12 años.
El juez Pablo Llarena dijo en un fallo publicado el jueves que revoca las órdenes de arresto internacionales de los seis, una decisión que el movimiento separatista probablemente considerará una gran victoria contra las autoridades centrales.
Entre los otros políticos favorecidos se encuentran Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.
“Son excelentes noticias con respecto a mi cliente Clara Ponsatí y, obviamente, para Puigdemont... pero mantenemos la cautela”, dijo a Reuters el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar en una conversación telefónica.
Según Anwar la decisión del juez español no deja claro si se les dejaría regresar al país a los implicados.
Los cargos derivan del referendo no autorizado que realizó el gobierno catalán el año pasado y de la posterior declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento en Barcelona, controlado por los separatistas.
Una corte alemana falló la semana pasada que permitiría la extradición de Puigdemont para ser juzgado por malversación. También dijo que Alemania no reconoce el cargo de rebelión, y que la ley contra la traición no se aplica porque las acciones del líder catalán "no se elevaron hasta ese nivel de violencia".
Llarena dijo que la sentencia alemana revelaba "falta de compromiso" en la persecución de prófugos.
Llarena quiere que Puigdemont y sus aliados separatistas que huyeron del país respondan a cargos de rebelión y sedición, además de malversación de dinero público.
Los seis deberían responder a esos cargos aunque regresen voluntariamente a España.
