Kenneth Chesebro y Sydney Powell, otrora abogados del expresidente de EEUU Donald Trump, vieron este miércoles rechazada su solicitud de ser juzgados al margen del exmandatario y de los otros 16 acusados, que se enfrentan en Georgia a cargos por asociación ilícita con el propósito de revertir los resultados electorales de los comicios de noviembre de 2020 en Georgia.
La primera audiencia televisada en el caso por supuesta interferencia electoral en Georgia contra el expresidente de EEUU Donald sus coacusados, tuvo lugar en la corte del condado de Fulton en Atlanta. Al concluir, el juez Scott McAfee rechazó las peticiones de los acusados Chesebro y Powell.
“No considero que las separaciones del señor Chesebro o Powell sean necesarias para lograr una determinación justa de culpabilidad o inocencia para cualquiera de los acusados en este caso”, estableció McAfee tras escuchar los argumentos de ambas defensas.
Para este miércoles estaba pautada la audiencia de lectura de cargos a los 19 acusados, sin embargo, todos emitieron declaraciones de inocencia en días previos y renunciaron a su aparición ante la corte. A consecuencia, el juez decidió aprovechar la cita para atender las peticiones de Chesebro y Powell.
Durante los argumentos de la fiscalía y la defensa, el juez pidió un “estimado de buena fe” de cuánto se anticipaba que podría tomar presentar el caso para todos los acusados juntos, tal y como ha pedido la fiscal del distrito de Fulton, Fani Willis.
Nathan Wade, fiscal especial, aseguró al juez que su oficina estima que el juicio contra Trump y sus coacusados tomaría cuatro meses, sin contar el tiempo de selección de jurado. Además, detalló que planean llamar a unos 150 testigos en el caso.
Sin embargo, el juez McAfee dijo ser “escéptico” a esa línea de tiempo, asegurando que “parece poco realista que podamos manejar a todos los 19 acusados” en ese tiempo.
El juez McAfee ya había establecido la fecha del 23 de octubre como el día para comenzar el juicio contra Chesebro tras su petición de un juicio rápido. Durante la audiencia aseguró que esta fecha se mantendría y agendaría algo similar para Powell, quien también pidió un juicio rápido.
Aún no es claro si los restantes 17 acusados también serán llevados a juicio en esa fecha.
El pasado 31 de agosto, tras su declaración de inocencia, el expresidente Trump sometió una moción al juez McAfee con la que buscaba separar su caso en Georgia de algunos de los coacusados que soliciten un juicio rápido. Entre las razones expuestas en la moción, se encuentra que su defensa legal “no tendría suficiente tiempo para preparar el caso”.
Scott Grubman, abogado de Chesebro, aseguró al juez que su cliente únicamente estaba siendo acusado en una de las múltiples conspiraciones nombradas en la acusación, y que por lo tanto, debía separarse su caso de los demás. Los abogados de Powell hicieron reclamaciones similares.
La fiscalía, por otra parte, abundó en que debido a que la acusación se realizó bajo la ley RICO, “cualquier evidencia de un acusado es evidencia contra todos”.
Varios otros acusados, incluido el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien se declaró inocente el martes, están buscando que sus casos se muevan de la corte estatal a la corte federal.
La Ley RICO ¿cómo se aplica en el estado de Georgia?
La Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas, o RICO Act (por sus siglas en inglés), establece como ilegal que cualquier persona, a través de un patrón de asociación ilícita o ganancias derivadas de ella, adquiera o mantenga, directa o indirectamente, cualquier interés o control de cualquier empresa, propiedad inmueble o propiedad personal de cualquier naturaleza, incluido el dinero.
Además, establece como un acto delictivo que cualquier persona conspire para intentar cometer violaciones dispuestas en el Código Penal, entre los que se encuentran la extorsión y falsificación de documentos. Su disposición de conspiración permite, además, vincular delitos que estén interrelacionados “por características distintivas”, es decir, con un objetivo común.
Aunque en Georgia fue adoptada como una ley estatal, la Ley RICO existe a nivel federal desde 1970, según el Departamento de Justicia, con el fin de hacer frente a "las actividades ilegales de quienes participan en el crimen organizado”. Estas, sin embargo, se diferencian en que la ley de Georgia es más amplia y extiende el concepto de “empresa” a personas jurídicas.
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