Una jueza del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá negó, por segunda vez, archivar una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por supuesta manipulación de testigos y fraude procesal.
La jueza Laura Becerra señaló que la Fiscalía no presentó los argumentos que eran necesarios para cerrar el caso y decidió no precluir el primer hecho contra el exmandatario, ya que presuntamente participó en el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena.
Según Becerra, “es claro que por parte del ente investigador ha debido hacerse un esfuerzo serio en orden a establecer todas las particularidades de hecho que se indagan, en otras palabras, obrar con mayor acuciosidad”.
"Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe", dijo la juez.
![El expresidente Álvaro Uribe, el 8 de octubre de 2019, cuando ingresaba a la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por el caso que ahora lo lleva a prisión domiciliaria. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/56ba2567-5d6d-49e4-83cd-26bb04256988_w100_r1.jpg)
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares, durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Uribe permaneció dos meses bajo arresto en el 2020, en su finca cerca de la ciudad de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
En octubre de 2020, recuperó su libertad, por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista. Sus críticos aseguraron que se trató de una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso y dirigido por una persona cercana al expresidente Iván Duque.
El caso podría terminar con una pena de prisión de hasta 12 años para el político.
La decisión de la juez puede ser apelada por la Fiscalía General ante el Tribunal Superior de Bogotá, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia que podría confirmar el fallo o revocarlo.
[Con información de Reuters]
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