Un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, negó la petición de desestimar los cargos por narcotráfico contra el mayor general venezolano Clíver Alcalá, detenido hace dos años.
Este martes, se realizó la audiencia de argumentos orales del caso contra el oficial, colaborador del fallecido expresidente Hugo Chávez Frías. El juez Alvin Hellerstein atendió las exposiciones de la fiscalía y la defensa del militar.
Joshua Goodman, corresponsal para Latinoamérica de la agencia de noticias Associated Press, informó la tarde del martes que la fiscalía estadounidense “despeja un obstáculo” para lograr la condena de Alcalá por narcotráfico. Según Goodman, el juez Hellerstein negó con rotundidad la moción de desestimación que intentaron los abogados del general venezolano.
El periodista citó palabras del juez en la audiencia: “la inmunidad soberana no protege a un Estado delincuente ni a funcionarios corruptos. Estamos lidiando con conducta criminal en los niveles más altos”, escribió Goodman en Twitter.
El expediente donde se acusa a Alcalá por conspiración narcoterrorista también menciona al presidente venezolano Nicolás Maduro; a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela; a Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de los servicios de inteligencia militar; así como a los dirigentes guerrilleros conocidos como alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”.
El caso acusa a los señalados de, además, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y para usar o transportar armas para el narcotráfico.
Se menciona asimismo al cártel de Los Soles y culpa a Maduro de colaborar con la guerrilla de las FARC “por más de dos décadas” para, según el expediente, “enriquecerse a sí mismos a través del narcotráfico y usar la cocaína como un arma contra los Estados Unidos”.
Expediente grueso
Clíver Alcalá, de 60 años, se formó en la Academia Militar de Venezuela. Participó activamente en el golpe de Estado encabezado por Chávez en 1992 en contra del entonces presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez.
Alcalá lideró entre 2008 y 2013 las guarniciones armadas de Valencia y Maracay, ciudades del centro occidente de Venezuela. Luego, ejerció como comandante general de una región militar del oriente del país suramericano.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo había designado en 2011 como narcotraficante en una lista de cuatro funcionarios venezolanos. En su condición de militar retirado, criticó públicamente las políticas de Maduro.
Un reportaje de AP detalló que Alcalá coordinó desde 2019 un plan militar que buscaría derrocar a Maduro desde la frontera de Colombia con Venezuela.
En marzo de 2020, la justicia estadounidense lo incluyó en una lista de 15 altos funcionarios políticos y militares de Venezuela y líderes guerrilleros acusados por cuatro delitos.
Alcalá se entregó a las autoridades en Colombia y aceptó colaborar con fiscales y con la agencia antidrogas estadounidense.
Los voceros norteamericanos habían ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que derivara en su captura.
A ese grupo se le acusa de participación en una conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína a Estados Unidos; uso y transporte de armas y artefactos de destrucción para narcoterrorismo; y conspiración para usar esas armas con los mismos fines.
Las penas por los crímenes descritos suponen cárcel de entre 10 y 30 años por cada delito hasta un máximo de prisión de por vida, afirmaron los funcionarios.
Maduro, por su parte, desestima las acusaciones en su contra en Estados Unidos y denuncia constantemente que Washington intenta derrocarle a como dé lugar.
La Casa Blanca no reconoce desde enero de 2019 a Maduro como presidente de Venezuela, sino al líder opositor Juan Guaidó. Una comisión de alto nivel del gobierno de Joe Biden se reunió con el mandatario socialista en Caracas hace una semana para tratar asuntos políticos, energéticos y judiciales, empero.
Los defensores de Alcalá han insistido en el juicio en que el mayor general venezolano cumplía órdenes de Chávez y de “El Pollo” Carvajal como parte de una política de Estado de apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC.
La organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha detallado que la defensa de Alcalá argumenta que no se ha lucrado del narcotráfico.
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