La justicia nicaragüense, señalada de estar controlada por el presidente Daniel Ortega, acusó a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo que se encontraban encerrados junto a monseñor Rolando Álvarez en la curia arzobispal de Matagalpa –al noreste de Managua– luego de que la Policía Nacional anunciara una supuesta investigación en su contra.
Los acusados el viernes son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios y José Luis Díaz, de igual forma el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, así como el reportero gráfico de la Diócesis de Matagalpa, Sergio Cadena Flores.
Todos ellos se encuentran en la cárcel de máxima seguridad de Nicaragua, conocida como el Chipote desde el 19 de agosto, en tanto monseñor Rolando Álvarez está bajo arresto domiciliar, pese a que de momento no existe una acusación formal en su contra.
Aunque se desconocen los cargos contra los detenidos, el Estado de Nicaragua figura como “víctima”, según refleja el Poder Judicial, por lo que el especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán, asegura que todo apunta a que el delito por el que los van a acusar es el de menoscabo a la integridad nacional establecida en la Ley 1055. Dicha Ley ha sido utilizada para encarcelar y condenar a más de 200 presos políticos actualmente en el país.
Ni siquiera hay apariencia de legalidad, dice experto Yader Morazán
Morazán señala que hay patrones que indican que son estos nuevos detenidos también tienen “procesos políticos precisamente porque no gozan ni siquiera de apariencia de legalidad”.
"El trato procesal que se les ha dado ha sido totalmente arbitrario. Se han celebrado audiencias en la clandestinidad, son personas a las que no se les permite ni siquiera acceder a ellos a través de la comunicación con los familiares o sus abogados defensores e, incluso, hay situaciones todavía peores donde no se les permite el ingreso de alimentación o medicamentos a los centros de tortura donde están ellos en este momento”, dijo Morazán, quien fue funcionario del Poder Judicial de Nicaragua,
Esta acción judicial se da en momentos en el que el presidente Daniel Ortega empezó una persecución contra la Iglesia católica la cual cuestionó al mandatario desde el 2018 que surgieron protestas en su contra. La Iglesia tomó una postura crítica al pedirle que respetara los derechos humanos, razón por la cual él los tildó de “diablos con sotana”.
Más sacerdotes en el exilio: Sale del país el párroco Erick Díaz
Pero este año la persecución recrudeció y en menos de seis meses han sido detenidos al menos siete sacerdotes, mientras que por otro lado también Ortega ha expulsado al representante del papa Francisco en Managua, en este caso el nuncio Waldemar Stanisław Sommertag.
También Ortega ha cerrado varias radios y canales de televisión pertenecientes a la Iglesia católica y ha obligado al exilio a varios sacerdotes críticos de su gestión, como monseñor Silvio Báez, y Edwin Román.
El exilio más reciente de un sacerdote se dio esta semana, luego de que el párroco Erick Díaz, anunciara que se exilió de Nicaragua “para salvaguardar” su vida y libertad.
“Mi único delito fue estar del lado de la verdad, del lado del sufrido pueblo, de la defensa de los derechos de cada ciudadano. La Iglesia nunca ha estado defendiendo ideas, pues no es su cometido. Porque un sacerdote nunca ha deseado (ni deseará) ser alcalde, concejal o diputado. Un obispo nunca ha deseado ser presidente, u otro servicio público, ya que somos pastores y es el mejor regalo que Dios en Jesucristo nos ha dado”, escribió el sacerdote en Facebook.
El papa Francisco se ha pronunciado sobre la crisis en Nicaragua y ha dicho que hay un diálogo con las autoridades.
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