El Ministerio Público de Venezuela anunció este miércoles que abrió una investigación contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por la comisión de supuestos crímenes de lesa humanidad y el “robo” de un avión propiedad del Estado venezolano.
El anuncio ocurre días después de que el gobierno argentino pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) arrestar al presidente Nicolás Maduro, en medio de denuncias de la oposición venezolana y la comunidad internacional sobre una escalada en la represión en el país tras las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, que según el Estado venezolano nunca han existido.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que, sobre la base del derecho internacional, se abrió una averiguación contra Milei y miembros de su gobierno, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la presidencia de Argentina y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.
Precisó, además, que solicitarán emitir órdenes de arresto.
Un avión del Estado venezolano que se encontraba retenido en Argentina y que la justicia estadounidense se incautó por presuntamente haber violado “sanciones y leyes de exportaciones” y mantener vínculos con el terrorismo fue trasladado a Estados Unidos, donde fue inutilizado a inicios de este año.
Por su parte, Argentina repudió las órdenes de aprehensión dictadas por el fiscal venezolano, tras el “incidente” del avión de la compañía venezolana Emtrasur.
“El mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”, precisó un comunicado de la cancillería argentina.
Buenos Aires aseguró además que en la nación argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, “algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”.
El Boeing 747, siglas YV3531, operado por la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, que anteriormente era propiedad de la aerolínea iraní Mahan Air, estuvo inmovilizado en Argentina desde junio 2022. Su tripulación, integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, fue momentáneamente detenida, sometida a una investigación y posteriormente liberada.
Citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, Saab dijo que como Estado parte, existe la posibilidad de establecer su jurisdicción por robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
![La conexión aérea de Venezuela con el mundo se ha visto reducida en más del 50 % en los últimos dos meses tras suspensión de vuelos. [Foto: archivo]](https://gdb.voanews.com/a7ff9160-38b6-480b-9249-6af865785163_w100_r1.jpg)
El fiscal, además, aseguró que se investigará a Milei por considerar que en Argentina se podrían haber cometido “graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.
“Hemos decidido designar a un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes contra el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes deberán responder ante la justicia por las acciones cometidas contra el pueblo argentino”, manifestó en una transmisión del canal del Estado.
Saab dijo que el gobierno de Milei ha reprimido a manifestantes en su país, puntualmente a jubilados que han protestado contra las políticas del mandatario liberal.
"Se ha designado a un fiscal especializado en protección de los DDHH para que investigue las graves violaciones cometidas por el Estado argentino, que reivindican el genocidio y que ejecutan políticas de represión en contra de las manifestaciones sociales", continuó el fiscal.
El martes, víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de ese país, solicitaron que se ordene el arresto de Maduro y otros funcionarios de su gobierno, en medio de una causa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano sobre la base del principio de la jurisdicción universal de los DDHH.
A mediados del año pasado, el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó a catorce militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de Derechos Humanos.
Argentina es el primer Estado que solicita formalmente a la CPI emitir órdenes de arresto contra Maduro y altos funcionarios por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández, Argentina se retiró de la demanda conjunta, pero en julio de este año, el gobierno de Milei anunció que solicitó a la CPI reincorporarse a la denuncia.
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