"Yo no confío en nadie”, dice Paula Cojolón mientras sigue el discurso de un político en el centro de la capital guatemalteca.
Cuando faltan dos días para que se realicen los comicios para elegir presidente, autoridades locales y diputados los guatemaltecos ven con incertidumbre y desconfianza el proceso electoral.
No es para menos.
Desde sus comienzos estuvo plagado de irregularidades como la inscripción de candidatos que luego cambiaron de partido político -lo que está prohibido por ley- hasta el registro de postulantes no idóneos para el cargo, como un aspirante al Congreso que cumplió una condena por narcotráfico en Estados Unidos.
También han minado la confianza las decisiones judiciales que sacaron de la contienda a cuatro candidatos, entre ellos a la exfiscal general Thelma Aldana a quien le fue negada la inscripción porque el documento que aseguraba que no tenía cuentas pendientes, por haber manejado dinero del Estado, había caducado. Aldana es reconocida mundialmente por liderar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una lucha anticorrupción sin precedentes en el país.
Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, también quedó afuera de la contienda por su vínculo familiar ya que la constitución prohíbe que el hijo de un caudillo opte al cargo. Y a Mario Estrada le fue revocada la inscripción tras ser detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico.
“La legitimidad y la confianza en el proceso está seriamente afectada”, dijo el analista político Phillip Chicola quien explicó que de todas formas el ejercicio de ir a votar está bien arraigado en la población por lo que se espera que la afluencia oscile entre el 60% y 65% del padrón, “lo que estará dentro de los estándares”.
Dos encuestas realizadas por la empresa CID UpGallup Latinoamérica para la Fundación Libertad y Desarrollo y publicadas por el diario Prensa Libre ubicaron en el primer lugar en intención de voto a la ex primera dama Sandra Torres con entre 20% y 22%, insuficiente para ganar en una primera vuelta, por lo que los comicios se definirían en una segunda ronda el 11 de agosto.
Los otros postulantes son Alejandro Giammattei, cuatro veces candidato y exdirector de presidios; Roberto Arzú, empresario y expresidente de un club de fútbol; Edmon Mulet, diplomático y exfuncionario de Naciones Unidas, y Thelma Cabrera, la única mujer indígena en la contienda quien propone construir un Estado plurinacional como el formado por el presidente boliviano Evo Morales. A excepción de Cabrera, todos representan a partidos políticos de derecha.
Torres, de 64 años, es una mujer de negocios con una maestría en política pública que tuvo gran influencia en la toma de decisiones durante el gobierno de su entonces esposo Álvaro Colom entre 2008 y 2012. Fue coordinadora del Consejo de Cohesión Social, una entidad que fue reemplazada por el Ministerio de Desarrollo Social bajo el sucesor de Colom.
Pero ella no ha sido inmune a los escándalos que han golpeado otras campañas y los fiscales le han abierto una investigación por supuesto financiamiento ilícito. Pero la pesquisa no pudo concluir porque goza de inmunidad como candidata presidencial y una jueza ordenó al fiscal contra la impunidad no “perturbar” a Torres ni a su familia usando como argumento la ley contra el feminicidio.
Según Chicola existe la percepción de que no haber permitido la inscripción de algunos postulantes benefició a Torres.
Cojolón tiene 58 años, trabaja como empleada doméstica y está cansada de los ofrecimientos que los políticos nunca cumplen cuando llegan al poder. “Si yo no trabajo no tengo qué comer, nadie ayuda”, dijo. “Todos ofrecen y nadie cumple”, aseguró.
A la mayoría de los ciudadanos les preocupa la falta de empleo, la inseguridad y la corrupción, pero también el alto costo de vida y el mal estado de las carreteras. El saliente presidente Jimmy Morales no ha dado respuesta a esos problemas en sus cuatro años de gestión y hay mucho escepticismo de que cualquier candidato pueda hacerlo.
Ni siquiera el gran interés que ha generado en Estados Unidos y México la salida de miles de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica -integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador- ha sido central en las propuestas de los candidatos pese a que será uno de los principales temas a enfrentar a nivel internacional.
La encuesta de CID UpGallup Latinoamérica fue realizada entre el 30 de mayo y el 7 de junio a 1.204 personas mayores de 18 años y posee un margen de error de 2,8 puntos porcentuales. El sondeo también reveló que un 31% de los encuestados cree que el evento electoral será un fraude y un 20% que serán elecciones cuestionadas por la inhabilitación de varios candidatos.
Los comicios están regidos por una nueva ley electoral y de partidos políticos más rígida que ha puesto un límite a los gastos en la campaña y que autoriza el voto de los guatemaltecos que residen en el extranjero. Al menos 60.000 personas podrán votar en Los Ángeles, Nueva York y Washington, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes guatemaltecos.
Pese a ello muchos acusan al Tribunal Supremo Electoral de no controlar la campaña. Sin embargo, el magistrado Jorge Mario Valenzuela culpó a las redes sociales por la desconfianza.
“Lo que pasa es que no podemos hablar que es el total de la población (la que duda), eso es lo que pasa en las democracias y la mayoría decide”, explicó Valenzuela y aseguró que ya se han establecido los planes de seguridad para proteger los centros de votación.
El recelo está basado en buena parte en los casos de corrupción que sacudieron al país en los últimos años. Tres de los últimos cuatro presidentes electos -incluido Colom, el exmarido de Torres- han sido arrestados después de la presidencia por cargos de corrupción.
Morales, que llegó al poder tras la caída de Otto Pérez Molina que fue encarcelado por corrupción, también fue acusado de recibir un sobresueldo del ejército por 61.000 dólares, que tuvo que devolver, y de financiar ilícitamente la campaña de 2015.
Tras las acusaciones en su contra y la de su círculo cercano Morales cargó contra la CICIG e intentó sin éxito ponerle fin a su mandato en el país. Durante 11 años ese organismo de las Naciones Unidas desmanteló más de 60 estructuras de crimen organizado y llevó a más de 600 personas ante la justicia por corrupción y otros delitos graves.
Los políticos “trabajan bien por un lado y por el otro están robando... trabajan más para ellos y no para los que en verdad lo necesitan”, se quejó Cojolón.
A días de las elecciones se multiplican en las redes sociales las denuncias sobre candidatos que supuestamente ofrecen dinero y comida, incluso proveniente de fondos estatales, a cambio de votos.
Pero el incidente más grave ocurrió con el fiscal contra los delitos electorales Oscar Shaad, quien abandonó su cargo tras recibir amenazas de muerte.
Para Raúl Marroquín, de 63 años y administrador de Recursos Humanos en una institución estatal, la población está cansada de los políticos.
“Yo aún no me decido para presidente, pero lo que sé es que no quiero que vuelvan a quedar los diputados que están ahora”, dijo. Más de 70 legisladores buscarán la reelección al Congreso de 158 escaños.
“Yo le digo a la gente que vote por los nuevos”, dijo Marroquín. A los de siempre “ya no los queremos, no han hecho nada por el país”, agregó el hombre que decidirá su voto el domingo, cuando esté frente a la boleta.
