La campaña electoral presidencial en Venezuela transcurrirá en el contexto de una prensa “restringida” por censura estatal y autocensura, lo que empaña la información plural sobre los candidatos y la toma de decisiones democráticas de la ciudadanía, según expertos consultados por la Voz de América.
Si bien la campaña comienza oficialmente el 4 de julio, ya los candidatos de distintos bloques comparten en declaraciones y actos de calle los lineamientos de sus propuestas políticas y de gobierno para la votación del 28 de julio.
El presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección respaldado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, inaugurando obras y transmitiendo mensajes de corte político por televisión y radio.
La oposición, entretanto, busca definir su estrategia en las próximas horas ante la inhabilitación de su candidata, María Corina Machado, y la apertura de las postulaciones entre el próximo jueves 21 y el lunes 25.
Ambas facciones políticas acordaron en Barbados en octubre promover el “equilibrio” en los medios de comunicación públicos y privados y la “igualdad” en el acceso de los candidatos a la prensa y las redes sociales, e incluso en espacios públicos bajo la administración del Estado”, dentro del marco de la ley, entre otras garantías electorales.
Expertos en comunicación, desinformación y libertades de prensa en el país opinan que no están dadas las condiciones para cumplir cabalmente con esa cláusula del acuerdo debido al “control” mediático que ejerce el Estado venezolano.
El ecosistema de medios libres en el país “es cada vez más precario”, asegura a la VOA la profesora jubilada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela e investigadora Mariela Torrealba.
Los últimos informes de Freedom House, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa señalan que Venezuela “desmejora” cada año en sus posiciones de respeto a las libertades de la prensa y de expresión, dijo Torrealba.
El Colegio Nacional de Periodistas, principal gremio del país con más de 25.000 afiliados, denunció hace días que el ecosistema de medios venezolanos está “reducido al mínimo”, citando “el cierre sistemático” de emisoras de radio y programas de opinión, la “desaparición práctica” de la prensa escrita y la “censura como norma”.
El gobierno venezolano ha cerrado más de 280 emisoras de radio, de acuerdo con la ONG Espacio Público. El año pasado cerraron 12. Entre enero y marzo de este año, ya van clausuradas nueve, de acuerdo con sus investigaciones.
Quedan apenas unos 20 periódicos impresos que circulan algunos días de la semana en pequeños formatos y con pocas páginas, dijo Torrealba, por su parte.
Los canales de televisión, asimismo, no suelen tocar “temas significativos” y el gobierno mantiene un control sobre sus licencias, afectando sus enfoques editoriales, resaltó.
El acceso a las páginas en Internet de 51 medios informativos, como La Patilla, Efecto Cocuyo y El Pitazo, ha sido bloqueado y sólo puede lograrse a través de VPN.
Además, son constantes los ataques de funcionarios gubernamentales contra la prensa, con reciente énfasis en los contenidos de las agencias y medios internacionales, incluyendo a la Voz de América.
El venezolano promedio se enfrenta en ese contexto a una “falta” generalizada de acceso a medios de comunicación, diversidad de opiniones y “profundidad” en el tratamiento de la información, explica Torrealba, también directora académica de la ONG Medianálisis. Abunda también la información falsa, dice, un fenómeno que llama “infoxicación”.
“La ciudadanía se encuentra inerme y no puede visualizar completa la realidad que le rodea”, apunta. “Trae consecuencias en el desinterés y en la toma de decisiones sobre la base de información insuficiente o interesada. Es extremadamente grave”, señala.
Sensibles ante la crítica
El chavismo demuestra tener “la piel sensible” ante contenidos informativos que puedan cuestionar sus procederes, cerrando emisoras radiales y sacando del aire a canales internacionales, como ocurrió a principios de marzo con DW, opina el comunicador, escritor e investigador sobre ciencias sociales Andrés Cañizález.
A su entender, es una “tendencia” del oficialismo con el fin de “restringir la posibilidad de otras voces” y de criticismos.
A su entender, el foco reciente ha sido el mundo radial, pues es un medio que puede oírse sin servicio eléctrico ni Internet en cualquier parte del país.
Cree que el interés electoral de los venezolanos, dentro y fuera del país, se hará notar en las aplicaciones de mensajería directa en los teléfonos celulares.
Torrealba, por su lado, no ve posible “una equidad” en las coberturas de prensa de la campaña electoral en Venezuela, como la que propone el Acuerdo de Barbados.
“Uno de los elementos del poder es el uso de recursos gubernamentales, públicos, a su favor, de manera discriminada. Tenemos un ecosistema de medios empequeñecido y hostigado” más un sistema de medios “alineados” con el gobierno, advierte.
León Hernández, profesor investigador del Instituto de Investigación de la Comunicación e Información de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advierte que el estado de la libertad de expresión es “muy pobre” en Venezuela, pues incluye, además de los hechos mencionados por Torrealba y Cañizález, persecución a periodistas.
“No hay comunicación libre y plural en los medios de radio y televisión, que son los que aún se consumen con mayor porcentaje en las grandes mayorías de la población, especialmente aquella sin acceso a Internet”, explica a la VOA.
Hernández, fundador del Observatorio Venezolano de Fake News, observa que la versión gubernamental de la cosa pública impera en radio y televisión, generando “un claro ventajismo y asimetría comunicacional, dejando a los demás aspirantes a la Presidencia en una postura de excluidos”.
El experto no ve posible un acceso igualitario a los medios de todos los candidatos, “menos aún con la poca presencia de observadores internacionales imparciales”.
Subraya que la mayor cantidad de desinformación en Venezuela proviene de “mentiras en el discurso público” por parte de funcionarios, particularmente en contra de dirigentes opositores y activistas políticos.
“También se siguen presentando bulos y campañas pagas en YouTube, que tienden a propiciar la frustración del ciudadano opositor”, señala.
Parte de la solución yace en que existan “emisores responsables y receptores críticos” de la información pública, política y electoral en Venezuela, dice. Es un escenario posible a través del “aprendizaje” de la ciudadanía para buscar información balanceada e incluso cambiar el algoritmo de sus redes sociales.
La mayor parte de las soluciones pasa, no obstante, por la mejoría de la conectividad en el país, tener un mejor servicio eléctrico y procurar mayores recursos económicos para la población, tareas que están en manos de las instituciones del Estado venezolano.
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