Uno de los implicados en el secuestro y asesinato de tres periodistas del diario ecuatoriano El Comercio fue puesto en libertad por un tribunal en Colombia, en base en un tecnicismo luego de que la Fiscalía omitiera entregar en el juzgado una certificación del Consejo de Seguridad Nacional calificando a los responsables de los hechos como miembros de un “grupo armado organizado”, denunció la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias “Barbas” fue puesto en libertad por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, el miércoles, luego que el juez determinó que la Fiscalía General de la Nación no presentó ante el juzgado una certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del llamado Frente Oliver Sinisterra, como un “grupo armado organizado”.
El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra se encontraban en la selvática zona norte de Ecaudor llamada Esmeraldas, cuando fueron secuestrados por guerrilleros colombianos que operaban en la zona y habían sembrado el terror entre la población. Los tres fueron secuestrados y sus cadáveres fueron posteriormente encontrados en la zona.
El “Barbas” era el encargado de hacer las filmaciones “de sobrevivencia” de los secuestrados que eran enviadas a las autoridades y familiares para demostrar que ellos tenían al equipo periodístico y que estaba aún con vida.
“Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad en el juicio”, afirmó la FLIP en un comunicado de prensa obtenido por la Voz de América.
La FLIP, Fundamedios y los familiares de los asesinados, hicieron un llamado a la Fiscalía colombiana y al juzgado de Tumaco “para que se adelante de manera célebre y sin dilaciones injustificadas el juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas”, agregó el comunicado.
La Fundación recordó que el caso cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “lo cual acentúa la responsabilidad del Estado frente a la investigación, judicialización y sanción de los responsables de estos hechos”.
“Esta decisión tiene origen en la negligencia del Estado colombiano frente al proceso, pues se fundamenta en la ausencia de documentos que están al alcance del Estado y no fueron aportados de manera oportuna”, denunció la FLIP. “Por lo tanto, las consecuencias de esta decisión y el riesgo de repetición deben ser de especial seguimiento por parte la CIDH en el marco de las medidas cautelares binacionales vigentes”.
La FLIP concluyó apelando a los estados de Colombia y Ecuador que “reafirmen su compromiso en la lucha contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento de la CIDH”.
