Veintiún países y la Unión Europea pidieron este viernes al gobierno de Nicolás Maduro la “inmediata” publicación de todas las actas originales y la verificación “imparcial e independiente”, "preferiblemente por una entidad internacional", de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Además, rechazaron la represión y violencia poselectoral.
“Toda demora en que esto suceda pone en cuestión los resultados publicados oficialmente el pasado 2 de agosto de 2024”, dijeron en una declaración conjunta Argentina, Canadá, Chile, República Checa, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay y la Unión Europea.
La autoridad electoral proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no ha divulgado los resultados desglosados, y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia.
Para los países firmantes de la declaración, el momento que atraviesa Venezuela “exige un diálogo amplío, inclusivo y de buena fe para facilitar un acuerdo político que auspicie la reconciliación nacional, la paz, la seguridad pública y la democracia” y se comprometieron a apoyar “todos los esfuerzos”, abogando “por una solución genuinamente venezolana”.
Además, dijeron haber tomado nota del informe preliminar del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que esta semana aseguró que la gestión de resultados de la autoridad electoral no cumplió con los “requisitos básicos de transparencia e integridad” esenciales para celebrar elecciones creíbles.
El gobierno dijo que el informe de la ONU está plagado de mentiras y se refirió a sus miembros como "falsos expertos".
Los países también dijeron haber tomado nota de que la oposición publicó en un sitio web más del 80 % de las actas electorales que “arrojan un resultado distinto” al divulgado por la autoridad electoral del país.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inició un peritaje del material electoral tras admitir un recurso interpuesto por Maduro para efectuar una verificación de los resultados. La oposición ha dicho que el recurso no existe en el marco legal venezolano y ha cuestionado que el TSJ, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, se tome facultades del organismo electoral.
El Centro Carter, que envió una misión técnica para las elecciones presidenciales que ha sido cuestionada por el gobierno, ha dicho que no considera que el TSJ puede llevar a cabo una verificación independiente.
Edmundo González agradeció la declaración conjunta y consideró "vital en este momento crítico" el llamado a una verificación imparcial de los resultados electorales.
Los países firmantes de la declaración conjunta expresaron, además, su profundo rechazo por la “represión a manifestantes” y por la violencia en el contexto postelectoral.
“Hacemos un llamado urgente para que las autoridades venezolanas pongan fin a la violencia y liberen a todos aquellos que han sido detenidos, incluidos representantes de la oposición”, expresaron.
En ese sentido, solicitaron que se permita el “urgente” regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.
Los resultados electorales causaron masivas protestas que, en algunos casos, terminaron en actos violentos. De acuerdo al balance oficial 25 personas murieron y al menos 2.000 han sido detenidas, muchas señaladas de terrorismo.
El gobierno ha acusado a la lideresa opositora María Corina Machado y al excandidato González Urrutia de ser los responsables de promover violencia en el país, a través de los comanditos, una red ciudadana organizada por la oposición para custodiar los votos.
La oposición ha desestimado la narrativa del gobierno y ha denunciado una escalada en la represión y en las detenciones arbitrarias.
En la declaración conjunta también pidieron a Venezuela expedir los salvoconductos que permitan a los 6 colaboradores de Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, que permanecen asilados en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, retirarse de forma segura del país.
Este jueves el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que ha llevado adelante esfuerzos diplomáticos para buscar una solución a la crisis política venezolana, planteó convocar nuevas elecciones con observadores internacionales o un “gobierno de coalición". Machado y González Urrutia descartaron la celebración de nuevas elecciones.
“Plantear desconocer lo que ocurrió el 28 de julio, para mí, es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular, la soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron”, precisó Machado.
Sobre los planteamientos de los gobiernos de Brasil y Colombia, Maduro sostuvo que los conflictos en el país se resuelven “entre venezolanos”, que no interviene en asuntos de otros países y que no practica la “diplomacia de micrófono”.
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