Las protestas contra la presidenta peruana Dina Boluarte, que ya han dejado 50 muertos, apuntan a concentrarse de nuevo el lunes en la capital del país.
Después de varios días en los que la región sureña de Puno, donde se encuentra el visitado lago Titicaca, fue el epicentro de las manifestaciones, comunidades aimaras de la región se alistaban a viajar a Lima el lunes. En la capital se esperaba que cerca de 50.000 aimaras avivaran las movilizaciones para reclamar la marcha de Boluarte.
“A más tardar salimos este lunes. (…) queremos es viajar en unidad entre todos los pueblos aimaras”, dijo Julio Vilca, de la localidad aimara de Ilave, al diario peruano La República.
En Cusco, otra región sureña donde se encuentra la ciudadela inca de Machu Picchu, otros grupos de campesinos quechuas se preparan para partir hacia la capital.
Algunas agrupaciones de ronderos, campesinos que patrullan sus pueblos como una forma de seguridad tradicional, ya empezaron a llegar a Lima desde la región de Cajamarca, en la sierra del norte peruano, de donde es originario el destituido antecesor de Boluarte, Pedro Castillo.
La convocatoria en la capital se anunció como una “Marcha de los cuatro suyos”, en referencia a la división política del imperio incaico en cuatro jurisdicciones llamadas suyos. El mismo nombre se usó en 2000 para una de las más nutridas protestas contra el expresidente Alberto Fujimori, que gobernaba entonces tras una cuestionada reelección y huyó del país ese año en medio de escándalos de corrupción.
En los últimos días, miles de limeños han marchado desde el centro de la ciudad hasta los distritos de las clases acomodadas exigiendo la renuncia de Boluarte y el cese a la represión violenta en las protestas, que ha generado decenas de muertes en varias regiones del país.
La Confederación General de Trabajadores, el sindicato más importante del país, ha convocado a un paro nacional contra el gobierno para el próximo jueves y reclama la dimisión de Boluarte y de la impopular mesa directiva del Congreso.
Varios grupos de campesinos tenían previsto marchar el lunes en la capital.
La cifra de fallecidos en relación a las protestas creció el domingo con la muerte de José Santos Medina Vega, de 39 años, en la región amazónica de San Martín. El hombre falleció “por un accidente de tránsito vinculado al bloqueo de vías”, según el registro de la Defensoría del Pueblo.
El domingo se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 35 provincias, la mayoría de regiones del sur del país, según reportó la Defensoría, que también informó de 99 cortes de carreteras nacionales y “una concentración por la paz y en rechazo a la paralización de actividades económicas en la provincia de San Martín”.
Cincuenta personas han muerto desde que empezó la convulsión: 41 civiles en enfrentamientos, ocho por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos y un policía calcinado tras ser atacado por una turba, de acuerdo con el informe de la Defensoría.
Este domingo inició un estado de emergencia, que suspenden derechos fundamentales de ciudadanos, por 30 días el departamento de Lima, que incluye la capital; la región y provincia del Callao, colindante con urbe limeña; y en el sur, en Puno y Cusco; una provincia de la región Apurímac; otras dos de Madre de Dios; y un distrito en Moquegua.
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso esta semana tras retomarse el miércoles 4, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Entre los manifestantes hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde el 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
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