El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló ante una corte de Nueva York, la aplicación de una controvertida ley antiterrorista que buscaba evitar "daños irreparables a la seguridad nacional", luego de que fue bloqueada parcialmente por una jueza federal.
En su recurso, el Departamento de Justicia solicita el "levantamiento inmediato" del bloqueo de la ley de defensa nacional, que autoriza la detención por tiempo indefinido de ciudadanos estadounidenses acusados de respaldar el terrorismo.
Las autoridades indicaron, a través de un comunicado, que al bloquear esta disposición se "amenaza la seguridad nacional y el interés público con perjuicios irremediables, agregando obstáculos suplementarios y una peligrosa confusión en la conducción de operaciones militares en el extranjero durante un conflicto armado activo".
La jueza Katherine Forrest bloqueó de manera permanente la aplicación de una última parte de la ley, al indicar en su resolución que los demandantes “presentaron evidencias de que los derechos de la Primera Enmienda habían sido ya afectados y serían afectados ante la posibilidad de (que la ley) fuera puesta en práctica”.
De esta manera, la magistrada dio la razón a los periodistas y organizaciones humanitarias que consideraron que la ley podía vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y otros profesionales.
En su recurso, el Departamento de Justicia solicita el "levantamiento inmediato" del bloqueo de la ley de defensa nacional, que autoriza la detención por tiempo indefinido de ciudadanos estadounidenses acusados de respaldar el terrorismo.
Las autoridades indicaron, a través de un comunicado, que al bloquear esta disposición se "amenaza la seguridad nacional y el interés público con perjuicios irremediables, agregando obstáculos suplementarios y una peligrosa confusión en la conducción de operaciones militares en el extranjero durante un conflicto armado activo".
La jueza Katherine Forrest bloqueó de manera permanente la aplicación de una última parte de la ley, al indicar en su resolución que los demandantes “presentaron evidencias de que los derechos de la Primera Enmienda habían sido ya afectados y serían afectados ante la posibilidad de (que la ley) fuera puesta en práctica”.
De esta manera, la magistrada dio la razón a los periodistas y organizaciones humanitarias que consideraron que la ley podía vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y otros profesionales.
