Susan Bolton, jueza federal de Arizona, aprobó la controvertida medida que permitirá a la policía del estado cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas, al solicitar los papeles de los infractores de diferentes normas, entre ellos menores de edad.
Se trata de la ‘sección 2B’ de la ley SB1070, que también faculta a las autoridades pedir los documentos a los detenidos, en caso de tener “duda razonable” de que son indocumentados.
Para que la ley entre en vigencia, Bolton deberá finalizar la suspensión temporal impuesta por ella misma en 2010 en respuesta a una demanda del gobierno federal en contra de la SB1070.
Hace algunos meses, un conjunto de organizaciones civiles había solicitado la suspensión temporal de ‘sección 2B’ de la SB1070, argumentando que aún sin entrar en rigor la regulación, a varias personas se les habían violentado sus derechos, con prácticas de perfil racial.
Con la aprobación de este fragmento, la coalición, integrada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tiene la posibilidad de apelar esta decisión.
En junio pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló tres de las clausulas más polémicas de la ley SB1070 de Arizona, advirtiendo de problemas en la ‘Sección 2b’, la cual no abolió en base a argumentos presentados por el gobierno federal.
Por su parte, algunos activistas consideran que con la aprobación de esta medida, Bolton aún duda de la mala aplicación de esta clausula, y que sólo una vez entre en vigor la normativa, será posible comprobar si se evidencian casos de perfil racial.
La ley SB1070 fue aprobada en el 2010 en Arizona y desde entonces, además de causar gran controversia entre los activistas sociales, la regulación ha servido de ejemplo, para que otros estados aprueben medidas más duras en contra de los indocumentados.
Se trata de la ‘sección 2B’ de la ley SB1070, que también faculta a las autoridades pedir los documentos a los detenidos, en caso de tener “duda razonable” de que son indocumentados.
Para que la ley entre en vigencia, Bolton deberá finalizar la suspensión temporal impuesta por ella misma en 2010 en respuesta a una demanda del gobierno federal en contra de la SB1070.
Hace algunos meses, un conjunto de organizaciones civiles había solicitado la suspensión temporal de ‘sección 2B’ de la SB1070, argumentando que aún sin entrar en rigor la regulación, a varias personas se les habían violentado sus derechos, con prácticas de perfil racial.
Con la aprobación de este fragmento, la coalición, integrada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tiene la posibilidad de apelar esta decisión.
En junio pasado, el Tribunal Supremo de EE.UU. anuló tres de las clausulas más polémicas de la ley SB1070 de Arizona, advirtiendo de problemas en la ‘Sección 2b’, la cual no abolió en base a argumentos presentados por el gobierno federal.
Por su parte, algunos activistas consideran que con la aprobación de esta medida, Bolton aún duda de la mala aplicación de esta clausula, y que sólo una vez entre en vigor la normativa, será posible comprobar si se evidencian casos de perfil racial.
La ley SB1070 fue aprobada en el 2010 en Arizona y desde entonces, además de causar gran controversia entre los activistas sociales, la regulación ha servido de ejemplo, para que otros estados aprueben medidas más duras en contra de los indocumentados.
