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Ley y los sospechosos de terrorismo


El presidente Obama indicó que las autoridades policiales y los agentes de inteligencia necesitan flexibilidad para actuar caso por caso.
El presidente Obama indicó que las autoridades policiales y los agentes de inteligencia necesitan flexibilidad para actuar caso por caso.

Estados Unidos establece nuevas regulaciones para detenidos civiles sospechosos de terrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció nuevas regulaciones respecto a cuando los sospechosos de terrorismo pueden permanecer bajo custodia de autoridades civiles en lugar de ser transferidos a las autoridades militares.

Las nuevas regulaciones, detalladas en un memorando esencialmente anulan una ley que requiere la detención militar de terroristas capturados cuando complotan para atacar a Estados Unidos. El documento explica en forma más detallada una cláusula que otorga una excepción presidencial.

El presidente Obama pide al Procurador General del país o a cualquier funcionario designado por el Departamento de Justicia y confirmado por el Congreso, que analice a todo sospechoso de terrorismo arrestado por el FBI o por cualquier otra agencia civil.

El mandatario otorga al Procurador General o a su delegado el derecho de tomar decisiones caso por caso o de designar categorías enteras de sospechosos o delitos por los cuales las transferencias militares no serían necesarias.

El memorando también crea siete excepciones automáticas al requerimiento de detención militar, entre ellas cuándo los funcionarios pueden determinar que transferir al sospechoso a manos militares podría “impedir la cooperación contraterrorismo” con otros países o podría interferir con los esfuerzos para lograr que el sospechoso colabore con autoridades o confiese.

También se incluyen excepciones para cualquier residente permanente arrestado en Estados Unidos o por actividades en Estados Unidos y para cualquier persona transferida a la custodia federal por autoridades estatales o locales.

El presidente Obama se opuso a la ley que requiere la detención militar, indicando que el ejército, las autoridades policiales y los agentes de inteligencia necesitan flexibilidad para actuar caso por caso al tratar con sospechosos de terrorismo.

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