Más de un centenar de militares colombianos fueron liberados el jueves tras pasar aproximadamente 48 horas retenidos por la comunidad en la región del Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela, donde recientemente esa fuerza inició labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos.
“Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería del Municipio de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantaban cerca de 180 soldados del Ejército”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo, en un comunicado.
Horas antes, el brigadier general Omar Sepúlveda Carvajal, comandante de la segunda división del Ejército, dijo a la prensa que los militares fueron “secuestrados” el martes en la tarde por más de 600 campesinos que pertenecen a asociaciones cocaleras.
En el Catatumbo se registraron en 2020 más de 40.100 hectáreas de hoja de coca, de acuerdo con el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
“A los soldados les hicieron una asonada, en la cual más de 200 campesinos por cada 20 ó 30 hombres los fueron acorralando. Intentaron quitarles los fusiles... los soldados con instrucciones claras de no entrar a confrontar con la sociedad civil no ha hecho uso de las armas”, explicó Sepúlveda, y agregó que mantenían comunicación con los militares retenidos.
Los presuntos responsables, según el Ejército, son la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quienes aseguraron en un comunicado difundido el jueves que se trata de señalamientos “infundados” y además “desproporcionado dado que es imposible el supuesto hecho punible en contra de 180 hombres que portan armas de fuego de largo alcance y cuentan con entrenamiento especial para este tipo de situaciones”.
La comunidad que no permitía que los militares continuaran sus labores señaló a través en un video difundido a la prensa que se trató de un “cerco humanitario” con el fin de evitar “posibles violaciones a los derechos humanos”, debido a que en “la ejecución de erradicaciones del año 2020 se presentó el homicidio de dos campesinos presuntamente por parte de la fuerza pública”.
Las asociaciones también piden que se implemente la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos como fue establecido hace cinco años en el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El comandante del Ejército aseguró que acudirán a la justicia para denunciar formalmente a las asociaciones campesinas.
“Continuaremos con la labor de erradicación de cultivos ilícitos y el ataque frontal contra el narcotráfico”, dijo Sepúlveda y agregó que en la zona lucran con estos ilícitos varios grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC.
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