¿En El Salvador la libertad de expresión siempre está protegida y no se censuran ideas?

No es cierto que en El Salvador el derecho a la libertad de expresión está “protegido”, como dijo el presidente Nayib Bukele durante su discurso ante la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre. Tampoco es cierto que no se censuren ideas o que no se arreste a quienes piensan diferente.

Según palabras del mandatario: “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada siempre estarán protegidas”.

Las declaraciones fueron hechas en la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el mayor foro internacional en el que cada año se dan cita los principales líderes de los países miembros de la ONU. Solo en X, el discurso de Bukele ha superado la cifra de 1,6 millones de visualizaciones desde su cuenta oficial. También fue replicado por Elon Musk, dueño de la plataforma X, cuya publicación donde aparece Bukele suma más de de 39,9 millones de vistas.

No obstante, existen numerosos testimonios, informes de organizaciones dentro y fuera de El Salvador y las mismas leyes del país centroamericano que dan cuenta que en El Salvador, los derechos a la libertad de expresión así como a la protección de la propiedad privada no están garantizados.

Mientras Bukele pronunciaba su discurso ante la ONU, una fotoperiodista en El Salvador fue obligada a borrar su material periodístico mientras grababa la interacción de un policía con miembros del Movimiento Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), en una plaza de la capital, San Salvador. El agente policial amenazó con una demanda a la periodista si publicaba el material.

“No existe una normativa legal que prohíba a la ciudadanía grabar a los funcionarios o agentes de la policía mientras realizan acciones vinculadas a sus funciones en espacios públicos”, señaló la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que además hizo un llamado a las instituciones de seguridad pública a respetar el derecho a la libertad de expresión y de prensa.

Un reciente informe de Reporteros sin Fronteras, que evalúa la libertad de prensa en 180 países, reveló en mayo de este año que El Salvador cayó 18 posiciones en su Índice de Libertad de Prensa debido al "acoso a medios críticos y la criminalización de la cobertura sobre seguridad pública y pandillas". Hoy, el país centroamericano se ubica en la posición 133 de 180 como uno de los países en los que la libertad de prensa se encuentra bajo amenaza.

"Desde que accedió a la presidencia, en junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno", se menciona en el reporte.

Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) concluyeron —tras una visita conjunta a El Salvador entre el 9 y el 11 de septiembre— que el gobierno de bloquea el acceso a la información pública, intimida a medios independientes y espía a periodistas.

Alertaron, además, sobre una creciente estigmatización, acoso y amenazas por parte de funcionarios del gobierno, incluyendo el propio presidente Bukele, diputados oficialistas y militantes gubernamentales.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la APES, en 2023 hubo 311 agresiones a la prensa. Mientras que en 2024, entre marzo y mayo se reportaron 50 agresiones más, de las cuales 10 se trataron de declaraciones estigmatizantes, nueve de restricciones al ejercicio periodístico, siete de acoso digital, cinco de intimidación, entre otros.

Es en las redes sociales donde la violencia contra la libertad de expresión y de prensa ha encontrado un canal seguro, pues de 40 agresiones contra periodistas que ocurrían diariamente en redes sociales durante 2023, este año se duplicaron a 81 agresiones diarias.

Además, funcionarios salvadoreños, incluido el presidente, han bloqueado de sus cuentas oficiales e institucionales a varios ciudadanos que en su momento cuestionaron políticas gubernamentales o solicitaron información pública. Estos bloqueos han sido reportados por periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general.

“Creo que el presidente fue a decir muchas mentiras a la ONU y cuando le digo esto tiene que ver con información falsa, hay distintos informes internacionales con credibilidad e independientes que han registrado severos retrocesos en cuanto a libertad de expresión, como el de Reporteros sin Fronteras, a los de Transparencia Internacional a distintos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo a Voz de América, Sergio Arauz, director de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Los bloqueos han alcanzado incluso, a la aplicación Telegram, cuyos servidores fueron interrumpidos en El Salvador en junio y septiembre, de acuerdo con cuatro organizaciones civiles, entre estas la APES y la Red Centroamericana de Periodistas. Los bloqueos se dieron en el marco de grandes filtraciones de datos que pusieron en aprietos al gobierno de Bukele.

“La suspensión se dio mediante el bloqueo de la dirección de protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) y a través de interferencia de la seguridad de capa de transporte, un medio que evita la interceptación de las comunicaciones. (…) El bloqueo a la plataforma constituye un acto de censura, pues restringe la libertad de expresión y el acceso a la información”, señalaron las organizaciones en un comunicado publicado este 25 de septiembre.

Manifestación de temor al expresarse en redes sociales

Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizada a mediados de 2024 reveló que al cierre del quinto año de gestión de Bukele, el 85,3 % de la población salvadoreña identifica algún nivel de probabilidad de que una persona o institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el Gobierno y el presidente.

Se menciona también que 60 de cada 100 salvadoreños “declararon abiertamente en este estudio que están teniendo más cuidado cuando comparten su opinión sobre política con otras personas”. Y destaca que más de la mitad de la población de El Salvador tiene algún nivel de temor de recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto de importancia nacional o de las decisiones del gobierno.

Uno de los casos en donde se detuvo a una persona por emitir críticas en redes sociales fue el del tuitero Luis Alexander Rivas, apodado “El Comisionado”, quien en 2022 hizo una publicación en redes sociales señalando un fuerte dispositivo militar montado para dar seguridad en una playa a la familia presidencial.

Luego de la publicación fue acusado, entre otros delitos, de revelación indebida de datos o información de carácter personal. Rivas se encuentra en prisión desde entonces.

Asimismo, hay varios casos de ciudadanos que se consideran “presos políticos” en El Salvador. Ese es el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien se encuentra en prisión desde 2021. En un inicio, su caso fue resuelto en arresto domiciliario, pero el fiscal impuesto ese año por la bancada bukelista emitió una nueva orden de detención para evitar que saliera de prisión.

Muyshondt permanece entre la cárcel y el hospital psiquiátrico desde entonces, a la espera de un juicio.

Otro de los Muyshondt, Alejandro, quien fue primo del exalcalde, falleció recientemente bajo custodia del Estado. Alejandro fue el asesor de seguridad nacional en el gobierno de Bukele, pero fue el presidente quien lo acusó de trabajar como “doble agente”. Muyshondt fue encarcelado y meses después murió tras una larga agonía, entre cáncer y desnutrición.

Otro de los exfuncionarios encarcelados en El Salvador es Mauricio Ramírez Landaverde, un alto oficial de Seguridad en el gobierno del izquierdista FMLN. Fueron tres ocasiones las que jueces salvadoreños emitieron órdenes de arresto domiciliario para el exfuncionario capturado en 2021. Ha sido hasta agosto de 2024 que la orden fue cumplida por las autoridades penitenciarias de El Salvador.

¿Se respeta la propiedad privada?

Según Bukele, la propiedad privada en El Salvador no corre peligro en caso de que los propietarios piensen diferente a la visión del gobierno.

Sin embargo, la bancada oficialista, que en 2021 destituyó de golpe a los jueces de la Corte y al fiscal general, aprobó la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales que, entre otras medidas, contempla que los propietarios de inmuebles podrán ser despojados de sus bienes en caso de que estos se consideren de interés público.

"Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos previa declaración de utilidad pública", señala el artículo 1 de dicha ley.

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