La distribución de un afiche que pedía cárcel para él en redes sociales afines al presidente Daniel Ortega fue decisiva para que el periodista Sergio Marín Cornavaca, director del medio digital La Mesa Redonda, decidiera salir de Nicaragua rumbo a Costa Rica, donde se encuentra un grupo de reporteros bajo las mismas condiciones.
Según Cornavaca, el mismo patrón se había venido repitiendo con la veintena de personas opositoras al Gobierno que fueron arrestadas en las últimas semanas en Nicaragua. Tenía claro que el próximo podría ser él.
Cornavaca salió de Nicaragua el pasado domingo por puntos ciegos hacia Costa Rica. Llevó consigo lo necesario: un par de camisas y pantalones, y una laptop para seguir desde lejos escribiendo en su portal digital que inició en 2017, según dijo en entrevista a la Voz de América.
Semanas antes el reportero se había movido a una casa clandestina desde donde transmitía en vivo sus entrevistas, pero el temor creció aún más cuando una de sus principales fuentes de noticias fue citada por el Ministerio Público del país, que investiga por supuesto lavado de dinero a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
“Le preguntaron a mi fuente desde dónde transmitía, quiénes me apoyaban, que si yo le pagaba a él”, denunció Cornavaca a la VOA.
El mismo día en que el reportero salió de Nicaragua, que vive una de sus peores crisis en los últimos 30 años, fue arrestado en horas de la noche el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, fundador de 100% Noticias.
Menos de 24 horas después la policía allanó la residencia del director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, que también salió de Nicaragua tras múltiples amenazas en su contra, y arrestó al periodista deportivo Miguel Mendoza.
“Buscaban detener a un periodista”, ha dicho Chamorro al respecto. “Allanaron mi residencia por cuatro horas y preguntaron dónde estaba. Se llevaron artículos míos”, denunció.
Seguirán haciendo periodismo
Otro reportero que salió recientemente de Nicaragua fue Julio López, del medio con enfoque comunitario Onda Local. Relató que intentaba viajar a Costa Rica por asuntos personales, sin embargo, le fue notificado por un oficial que se le había impuesto restricción migratoria y se le retiró su pasaporte.
“Al conocer de la retención migratoria decidí exiliarme”, escribió el periodista en una carta pública a los medios. “Una vez me preguntaron si había pensado en esa posibilidad. En esa ocasión, respondí que el exilio era la última alternativa para preservar mi vida y libertad. Ese momento ha llegado. Tomar esta decisión ha sido angustiante; lo he hecho para tranquilidad de mi familia, aunque sé que les embarga la tristeza”, relató.
López fue citado posteriormente al Ministerio Público como testigo por el caso de lavado de dinero que se investigó en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, sin embargo al salir del país no pudo presentarse a declarar.
Las leyes son más represivas
La periodista Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por seis meses por el gobierno de Ortega, que la acusó de “conspiración y provocación para actos terroristas”, ve el escenario actual como “una reedición” de lo que vivió el país durante las protestas antigubernamentales de 2018.
“Se está reeditando nuevamente ese “vamos con todo” que viene de parte del régimen Ortega-Murillo en contra de la prensa independiente. En 2018 vivimos situaciones similares. Más de 80 periodistas tuvieron que exiliarse cuando nosotros caímos presos y se dio una oleada de periodistas que emigraron. Nuevamente hoy estamos viendo cómo colegas huyen”.
“Yo llevo una cuenta de al menos 10 nuevos periodistas han salido al exilio para proteger su libertad y vida”, añade Ubau. La periodista valora que es mucho más compleja la situación en este momento debido al paquete de leyes aprobadas por el oficialismo en la Asamblea Nacional, entre ellas la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Soberanía y la Ley de Agentes Extranjeros.
“El régimen ahora tiene leyes que armaron para criminalizar tanto a opositores como a activistas de derechos humanos y periodistas. Ya vimos cómo han aplicado la Ley de Soberanía o traición a la patria”.
Según Ubau, con las leyes recientes, el simple hecho de informar sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países contra funcionarios afines a Ortega podrían ser considerado como “traición a la patria” y llevarte a la cárcel.
“Y eso que los periodistas sólo informamos lo que dicen los congresistas, pero por el hecho de informar pueden aplicarte esa Ley, dar una opinión como la daba el periodista Miguel Mendoza en su Twitter puede ser un delito”, prosigue.
El presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Gonzalo Carrión considera que tras encarcelar a los líderes de oposición y a sus críticos, Ortega va contra el periodismo.
“Hay una focalización contra el periodismo independiente. La dictadura quiere que no se sigan registrando sus abusos, que quede en silencio todo como que en Nicaragua no pasa nada”, comenta Carrión.
La persecución contra los periodistas en Nicaragua se reactivó tras el inicio de las investigaciones en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero hace un poco más de un mes.
Desde entonces más de 20 reporteros han sido citados para declarar sobre la Fundación Chamorro, según un conteo del gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
En algunos casos los periodistas han pasado de ser testigos a “imputados”, a como ocurrió con la reportera de Univisión María Lilly Delgado.
En tanto el gobierno de Ortega ha dicho que las investigaciones contra la Fundación Chamorro son apegadas al marco de la Ley. Aunque sin que se hayan finalizado las supuestas investigaciones, el presidente dijo en un discurso el jueves que “se ha encontrado una red que conspiró y venía conspirando en contra” de su gobierno con dinero de Estados Unidos.
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