La celebración del Día de la Independencia tuvo el viernes para el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador un significado especial porque la Guardia Nacional ya está bajo el mando del Ejército, una iniciativa que impulsó hace menos de un mes.
Con la participación de la Guardia Nacional como protagonista del desfile militar, que se desarrolló en el centro de la capital para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la Independencia, el gobierno celebró con el nuevo integrante de las Fuerzas Armadas.
Ante una formación de varios miles de militares, López Obrador agradeció la lealtad de la Marina y el Ejército y afirmó que la Guardia Nacional tendrá como misión “garantizar con eficiencia y respeto a los derechos humanos la seguridad pública”.
Al defender el papel de los militares, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, dijo en un discurso que las fuerzas armadas “actúan en todo momento subordinadas al poder civil” y sostuvo que su proceder está “siempre apegado al marco jurídico vigente, sin aspiraciones ni pretensiones de ninguna índole”.
Desoyendo las preocupaciones de la Alta Comisionada Interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones humanitarias, la mayoría oficialista del Congreso aprobó la semana pasada una reforma que permitió que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se prepara para aprobar próximamente una iniciativa que le permitirá a los militares permanecer en las calles hasta 2028.
Desde su creación en el 2019 la Guardia Nacional fue manejada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Opositores y organizaciones civiles han adelantado que emprenderán acciones legales contra la reforma que aseguran que viola la constitución, que contempla que la seguridad pública debe estar bajo el mando civil.
El debate sobre la participación de los militares en labores de seguridad no es nuevo: desde 2006, cuando el gobierno decidió sacarlos de los cuarteles para enfrentar a los grupos delictivos, diferentes organizaciones humanitarias han alertado sobre los riesgos de violaciones a los derechos humanos que poco tiempo después se hicieron realidad.
Mientras se concretan las acciones legales contra la reforma, el gobernante sigue adelante en su plan de fortalecer a las Fuerzas Armadas, a las que considera la pieza clave para enfrentar la criminalidad.
Durante su sexenio, que se inició en 2018, López Obrador ha asignado a los militares una cantidad cada vez mayor de tareas, que incluyen la construcción de obras emblemáticas -como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país-, el manejo de puertos y aeropuertos y la distribución de vacunas.
La transferencia de numerosas competencias, incluyendo la seguridad pública, ha fortalecido el poder de los militares frente a otras corporaciones civiles y ha inmerso a México en un proceso de “militarismo”, dijo a The Associated Press Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“Estamos cambiando esa relación de subordinación del poder militar al poder civil y más bien el poder militar está adquiriendo cada vez más presencia, más recursos y más atribuciones”, agregó.
Con la transferencia del personal y recursos financieros de la Guardia Nacional a manos de la Sedena esta dependencia elevará de manera significativa su presupuesto, que es uno de los más altos del gobierno federal, afirmó Doria Vélez, directora de investigación de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano, que se dedica a la evaluación de las políticas de seguridad.
En el proyecto de presupuesto de egresos de 2023 se estimó que la Sedena recibirá unos 5.600 millones de dólares, mientras que para la Guardia Nacional se dispusieron unos 3.200 millones de dólares, montos que superan en más de 2% los que recibieron este año.
Ante las críticas que han surgido contra la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército y la ampliación de la permanencia de los militares fuera de los cuarteles, López Obrador descartó que eso represente la militarización de México y aseguró que lo busca es “el crecimiento sano de lo que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”.
Mientras López Obrador se muestra confiado de que la integración a las fuerzas armadas de los más de 110.000 miembros de la Guardia Nacional -de los cuales el 80% provenían del Ejército y la Marina- permitirá fortalecer el combate a las organizaciones criminales, entre analistas y activistas surgen dudas.
“Tenemos 16 años de tener a las fuerzas armadas en las calles de México y claramente ha sido una estrategia fallida en términos de que ha empeorado la seguridad en el país de una manera abismal”, afirmó Olivares y agregó que en ese período los homicidios aumentaron 218% y se han incrementado las desapariciones, que ya superan las 105.000.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional la inseguridad en México no ha mermado. En agosto grupos de delincuentes e integrantes de cárteles del narcotráfico llevaron a cabo ataques en cinco estados del país en una semana, incendiando negocios y matando a transeúntes.
Vélez consideró preocupante que el gobierno siga apostando a fortalecer a las fuerzas militares mientras se debilita la seguridad pública estatal y municipal, que es la que a diario está en las calles y lidia directamente con los delincuentes.
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