El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes que cambió de opinión sobre el rol de los militares en labores de seguridad pública cuando llegó al poder en diciembre de 2018.
“Tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
Los comentarios llegan cuando el Senado está a punto de aprobar que la Guardia Nacional, un cuerpo de carácter civil, pase a depender del jefe del ejército y varios partidos de la oposición han convocado una protesta contra esa iniciativa.
Como líder opositor, López Obrador había criticado el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiales de los gobiernos anteriores del Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.
El mandatario explicó este martes que ya había considerado apoyarse en los militares antes de llegar a la presidencia, pero que finalmente se decidió en ese sentido porque no había elementos operativos suficientes para combatir la inseguridad en la policía federal, un cuerpo que desintegró porque lo consideraba corrupto, y porque el ejército y la marina tenían más disciplina y eran, según él, incorruptibles.
Además, agregó, el gobierno no permitiría que se violaran los derechos humanos, la principal crítica de los contrarios a tener al ejército en las calles.
En los casi cuatro años que lleva en el gobierno, el mandatario ha dado cada vez más poder y más funciones a las fuerzas armadas y ahora está a punto de ver cómo la Guardia Nacional, un cuerpo que se creó en su administración con un carácter civil, pasa a depender de la Secretaría de la Defensa aunque la constitución establece que su mando debe ser civil.
La Cámara de Diputados ya votó en este sentido y todo apunta a que el Senado haga lo mismo.
La constitución establece que la Guardia Nacional debe ser un cuerpo de carácter civil, aunque casi el 80% de sus efectivos actuales son militares.
López Obrador intentó promover una reforma constitucional para que pasara a manos de la Secretaría de la Defensa, pero al no contar con los votos suficientes optó por proponer cambios en leyes menores, para las que el partido oficialista y sus aliados tienen mayoría.
Diversos grupos de la sociedad civil llevan años denunciando la creciente militarización de las tareas de seguridad, algo contra lo que también se ha pronunciado la ONU.
El actual gobierno no sólo pretende que la Guardia Nacional quede formalmente en manos del ejército sino que aspira a prolongar la permanencia del ejército en labores de seguridad pública.
El opositor Partido Revolucionario Institucional se ha mostrado a favor.
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