En el barrio La Campanera de El Salvador hay incontables muros de ladrillo y cemento que hace tiempo dejaron de ser casas: no tienen techo ni ventanas. Tampoco los habitan personas. Esos despojos esconden las historias de miles de salvadoreños que huyeron de las pandillas dejando todo en el intento de sobrevivir.
Los escombros que un día fueron casas que albergaban familias recuerdan a muchos la pandilla en su estado más salvaje: cuando obligaban a las personas a huir para hacerse del control de sus viviendas, desmantelarlas, venderlas por partes o usarlas para sus reuniones ilegales. Ese pasado sigue estando muy presente para algunos.
Marina Navas tiene 64 años. Habita en La Campanera, un lugar que alguna vez fue el hogar del líder histórico de la pandilla Barrio 18, Ernesto Mojica Lechuga, conocido como 'El Viejo Lyn'. Su casa tiene remiendos por todos lados: el techo y las ventanas han sido cubiertos con láminas oxidadas. La lluvia inunda constantemente su sala de 2 por 2 metros. No tiene luz ni agua.
La mujer vive en una de esas casas que más de alguien dejó por huir de Barrio 18, una organización que comenzó como una pandilla callejera en Los Ángeles, California, y se convirtió luego en una estructura criminal transnacional.
A pesar de que hace casi dos años y medio El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, Marina recuerda ese cruento pasado.
“(Antes)… la sala no tenía techo… una vez me levanté despacito y estaban dos hombres, tamaña pistola: ‘si decís algo, vieja…’ ya me dijeron la palabra (soez)… aquí nomás te matamos. Y yo inmediatamente, zíper en la boca”, le cuenta a la Voz de América.
Marina relata el encuentro que tuvo con dos pandilleros quienes hace unos años subieron al muro de la casa que habitaba en La Campanera y le exigieron dinero a cambio de no matarla. Como ese relato hay miles que han quedado en la mente de los salvadoreños que coexistían en los mismos barrios controlados por estos grupos.
La historia de seguridad del país centroamericano tiene un antes y un después: los dos primeros años del gobierno de Nayib Bukele las maras pasaron ordenando "abrir válvulas", que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. Esto puso en aprietos al gobierno de Bukele en varias ocasiones hasta que fue instaurado un régimen de excepción.
El 27 de marzo de 2022, el Congreso salvadoreño aprobó un régimen de excepción que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales.
A unas horas de aprobada la medida, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, entre estas La Campanera, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas.
La Campanera se halla en el municipio de Soyapango, la segunda ciudad más poblada de El Salvador y la segunda ciudad a la que el gobierno le impuso un cerco militar. Tiene un aproximado de 958 casas distribuidas en pasajes largos y estrechos. La colonia tiene una misma entrada y salida.
Lo que antes fue el hogar de “los hijos de la violencia”, como le llamó el director francoespañol Christian Poveda, durante el rodaje de su documental La Vida Loca, para muchos es hoy un ejemplo de lo que ha logrado el régimen, cuyo carácter dejó de ser excepcional para convertirse en indefinido.
Durante décadas, La Campanera fue un cementerio clandestino donde la mara escondía sus crímenes. No había más autoridad que Barrio 18. Y quienes habitaban en el lugar debían estar sometidos a sus reglas: ver, oír y callar.
Aunque la labor de la policía y la Fuerza Armada es aplaudida por unos y censurada por otros tras miles de denuncias por violaciones a derechos humanos en medio del régimen, el gobierno asegura que la medida continuará hasta que el último de los pandilleros sea capturado. El 11 de agosto fue aprobada la vigésimo novena prórroga del régimen de excepción.
“Cuando vienen a ser las 10 de la noche bien se siente que aquí van pasos de hombre”. Habla Juana Ortez, una mujer que también recuerda el estropicio que dejaron las pandillas salvadoreñas a su paso.
También vive en La Campanera, y asegura que en la colonia asustan. Por la noche dice escuchar los pasos de un hombre… y los de una mujer que lleva puestos un par tacones. Tiene la costumbre de asomarse siempre a la ventana, pero nunca ve nada. Su explicación es clara: hace nueve años fue asesinada una mujer frente a su casa.
Aunque los pandilleros parecen haberse ido de La Campanera en esas redadas y, con ellos, sus símbolos, los estragos de su paso quedan.
Según el gobierno salvadoreño, más de 6.000 viviendas han sido recuperadas de zonas como La Campanera donde las pandillas controlaban incluso hasta la renta.
Muchos de sus habitantes dicen vivir una nueva vida, han recuperado espacios y han roto su relación indirecta con las maras que los mantuvieron sometidos.
En esa extraña paz intentan levantarse. No sin antes reconocer que el régimen ha dejado también otros problemas: capturas arbitrarias y violaciones a los derechos humanos.
“Hemos encontrado que sistemáticamente se están produciendo muertes arbitrarias en las cárceles. Hay también una práctica generalizada de la tortura mediante tratos crueles e inhumanos como política de Estado”, explica a la VOA David Morales, exprocurador de derechos humanos y ahora jefe de justicia transicional en la organización Cristosal, con sede en El Salvador, Guatemala y Honduras.
El régimen de excepción es ahora una política de Estado con vigencia indefinida, y su modelo ha sido tema de debate en otros países de la región que buscan erradicar los problemas de inseguridad de forma similar a El Salvador. Mientras, las víctimas de esa violencia de las pandillas se levantan de a poco, con lo que les queda.
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