Los alcaldes opositores de dos municipios de Caracas insisten en que no se van a enfrentar a sus ciudadanos, a pesar de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
El fallo les ordena mantener las vías despejadas de obstáculos o barricadas usadas por los vecinos para manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Tribunal ordenó ayer a los alcaldes de Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, remover las barricadas y evitar que vuelvan a instalarse. Pese a la medida, las barricadas persisten en varias zonas de esos municipios.
Smolansky, dijo a la Voz de América, que la medida “sin duda forma parte de otra arremetida por parte del gobierno nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos, no hay autonomía de poderes públicos en Venezuela".
“Ahora hay una persecución en contra de los alcaldes, culpándonos de la violencia de las últimas semanas en Venezuela donde el único culpable sabemos que es el gobierno de los caídos, de los heridos, de los torturados, y de quienes injustamente han estado detenidos”, se quejó.
Nosotros no vamos a dejar de seguir apoyando las manifestaciones siempre que sean pacíficas, no violentas, organizadas”, agregó Smolansky.
De manera similar se manifestó el alcalde de Baruta, quien dijo en rueda de prensa que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que ni las autoridades nacionales, estatales o municipales tienen competencia para prohibirlas.
“Las protestas no requieren autorización, solo deben ser notificadas. Al contrario de lo que han querido hacer creer en los últimos días”, advirtió el abogado.
El Partido Primero Justicia también rechazó la instigación contra los alcaldes.
E presidente Maduro amenazó con tomar medidas en las jurisdicciones en donde aún se registran protestas que incluyen el cierre de vías.
“Vamos a liberar todos los espacios y los guarimberos, bueno, irán presos o tendrán que irse no sé para dónde, pero esa guarimba violenta que tranca avenidas se va a acabar ya”, advirtió.
El fallo les ordena mantener las vías despejadas de obstáculos o barricadas usadas por los vecinos para manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Tribunal ordenó ayer a los alcaldes de Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, remover las barricadas y evitar que vuelvan a instalarse. Pese a la medida, las barricadas persisten en varias zonas de esos municipios.
Smolansky, dijo a la Voz de América, que la medida “sin duda forma parte de otra arremetida por parte del gobierno nacional, utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, que como sabemos, no hay autonomía de poderes públicos en Venezuela".
“Ahora hay una persecución en contra de los alcaldes, culpándonos de la violencia de las últimas semanas en Venezuela donde el único culpable sabemos que es el gobierno de los caídos, de los heridos, de los torturados, y de quienes injustamente han estado detenidos”, se quejó.
Nosotros no vamos a dejar de seguir apoyando las manifestaciones siempre que sean pacíficas, no violentas, organizadas”, agregó Smolansky.
De manera similar se manifestó el alcalde de Baruta, quien dijo en rueda de prensa que la protesta pacífica es un derecho constitucional y que ni las autoridades nacionales, estatales o municipales tienen competencia para prohibirlas.
“Las protestas no requieren autorización, solo deben ser notificadas. Al contrario de lo que han querido hacer creer en los últimos días”, advirtió el abogado.
El Partido Primero Justicia también rechazó la instigación contra los alcaldes.
E presidente Maduro amenazó con tomar medidas en las jurisdicciones en donde aún se registran protestas que incluyen el cierre de vías.
“Vamos a liberar todos los espacios y los guarimberos, bueno, irán presos o tendrán que irse no sé para dónde, pero esa guarimba violenta que tranca avenidas se va a acabar ya”, advirtió.
