Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en Hong Kong frente a una polémica estación de donde parten los trenes de gran velocidad hacia China continental, a fin de mantener la presión contra el gobierno local, cercano a Beijing.
Uno de los organizadores, Ventus Lau Wing-hong, estimó el número de manifestantes en más de 230.000. La policía por su lado dio una cifra de 56.000 personas. La movilización continuaba por la noche.
Se trata del primer acto de protesta importante desde que el Parlamento de Hong Kong fue asaltado el 1 de julio por manifestantes enmascarados, jóvenes en su mayoría.
Desde hace semanas, el centro financiero internacional es escenario de enormes manifestaciones desencadenadas por un proyecto de ley que autoriza las extradiciones hacia China, la mayoría pacíficas aunque se han registrado enfrentamientos con la policía.
El texto fue retirado pero no fue suficiente. El movimiento creció para reclamar reformas democráticas y que se detenga la erosión de libertades en el territorio semiautónomo.
Miles marcharon por las calles de Tsim Sha Tsui, un barrio muy concurrido por turistas chinos, en la parte continental de Hong Kong.
Según los manifestantes, la concentración busca explicar el movimiento a los chinos del continente.
Censura china
En China, la información choca con la "gran muralla informática".
Las manifestaciones de Hong Kong son presentadas allí como violentas y orquestadas desde el extranjero para desestabilizar a China, no como un movimiento popular masivo contra la influencia creciente de Beijing en el territorio.
"Queremos mostrarles a los turistas, incluyendo a los turistas del continente chino, lo que pasa en Hong Kong y esperamos que puedan llevar este concepto a China", declaró a la AFP Eddison Ng, de 18 años.
Las manifestaciones reclaman la anulación total del proyecto sobre las extradiciones, una investigación independiente sobre la actuación de la policía, amnistía para los detenidos y la dimisión de la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, cercana a Beijing.
Respaldando a las autoridades, China reclamó una investigación penal contra los manifestantes que usaron la violencia.
En una entrevista con la BBC, el embajador chino en Londres declaró que el texto sobre las extradiciones era necesario para "llenar un vacío" jurídico, y afirmó tener "completa confianza en el gobierno de Hong Kong".
Los manifestantes llegaron a la estación de trenes de West Kowloon, inaugurada en septiembre para conectar Hong Kong con la red ferroviaria china de alta velocidad.
El complejo de vidrio y acero estaba prácticamente cerrado por la policía, que temía estallidos de violencia pese a que varios manifestantes prometieron protestar pacíficamente.
Sólo los pasajeros que tenían boletos podían entrar y se suspendió la venta de nuevos billetes.
Calma y "elegancia"
Los opositores consideran esa estación como un "caballo de Troya" porque China aplica algunas de sus normas en ciertas zonas.
Los servicios de inmigración y de aduanas están presentes y Beijing tiene también jurisdicción sobre los andenes, pese a que West Kowloon está a kilómetros de la frontera, situada al norte.
Ventus Lau Wing-hong aseguró que los manifestantes "desfilarían de forma pacífica, racional y elegante", sin ninguna intención -dijo- de ocupar la estación.
La policía autorizó la reunión, pero pidió calma, señalando que se hicieron llamados a actos de violencia en las redes sociales.
Aunque Hong Kong fue devuelta de Reino Unido a China hace 22 años, el territorio aún está administrado bajo un acuerdo conocido como "un país, dos sistemas", que permite a Hong Kong disfrutar de libertades raramente vistas en la China continental, como la de expresión. Muchos piensan que esos derechos están amenazados.
Esos temores se reforzaron en los últimos años por la descalificación de diputados de la oposición, la expulsión de un periodista extranjero y las penas de prisión impuestas a dirigentes del movimiento prodemocracia.
Beijing también se negó a permitir la elección del jefe de Gobierno de Hong Kong por sufragio universal, como habían exigido manifestantes en 2014.