Los primeros en anunciar que marcharían por las principales calles de Managua fueron los dirigentes de la Coordinadora Civil, un organismo integrado por 20 organizaciones no gubernamentales con presencia en todo el país.
Sus planes incluyen caminar con banderas de Nicaragua pidiendo paz y democracia y además rechazando una posible reelección del presidente Daniel Ortega. Lo harán el próximo sábado 21 de noviembre por la mañana.
La hora y la ruta de la manifestación fueron autorizadas por la Policía Nacional hace tres semanas, pero sólo unos días atrás; el Frente Nacional de los Trabajadores - FNT- vinculado al Frente Sandinista de Liberación Nacional, anunció que también se manifestaría en las mismas calles y a la misma hora. La directiva de la coordinadora civil, Violeta Granera, acusa al gobierno de pretender reprimirles.
"Hacemos un llamado al presidente de Nicaragua, porque no llame a la violencia. Llamamos a los señores diputados que incitan a la violencia y que hacen apología de la violencia a deponer toda actitud de violencia", anunció Luisa Molina, de la Coordinadora Civil.
Mientras tanto, el diputado por el FSLN y dirigente del FNT, Gustavo Porras, anunció que la marcha a favor de Ortega no necesitó permiso de la policía, no cambiará su ruta a pesar de haberse planeado después de la que ejecutarán los críticos al gobierno y no se detendrá.
"Todo mundo tiene derecho a marchar. Nosotros tenemos derecho a marchar. Ya están establecidas las líneas; no tiene por qué haber confrontación. Lo que si está claro, que allá van a marchar los ladrones, los corruptos, y aquí vamos marchar los que queremos transformar el sistema; en un sistema de justicia social", dijo Gustavo Porras, diputado del FSLN.
Dirigentes de la oposición al gobierno del presidente Daniel Ortega anunciaron que también acompañarán la marcha de la sociedad civil y el consejo superior de la empresa privada emitió un comunicado exhortando al mandatario a garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión.
Semanas atrás, la misma coordinadora civil responsabilizó al gobierno por las agresiones contra una de sus integrantes, que fue amenazada de muerte y ultrajada por sujetos vinculados al FSLN.
Los organismos de derechos humanos denunciaron ese y otros casos ante la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Ortega y otros dirigentes de su partido niegan los señalamientos y vinculan los hechos violentos a criminales comunes.
Más de un sector, incluidos partidos políticos e iglesias cristianas que no marcharán en ningún bando el próximo sábado, han pedido cordura y respeto a quienes si lo harán.
