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EE.UU.: Creación de "Asamblea" invalida voluntad del pueblo


El gobierno estadounidense pidió a las fuerzas armadas venezolanas proteger y no impedir las protestas pacíficas. También censuró las acciones de los llamados colectivos.
El gobierno estadounidense pidió a las fuerzas armadas venezolanas proteger y no impedir las protestas pacíficas. También censuró las acciones de los llamados colectivos.

Estados Unidos criticó la reciente acción del gobierno venezolano que busca establecer una "Asamblea Constituyente", considerándola como un intento de crear un nuevo y poderoso cuerpo legislativo.

"Estamos profundamente preocupados por la motivación de esta Asamblea Constituyente que invalida la voluntad del pueblo venezolano y además socava la democracia venezolana", dijo Michael Fitzpatrick, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental.

Durante una llamada telefónica con periodistas, Fitzpatrick explicó que "lo que pretende el presidente Nicolás Maduro es cambiar las reglas del juego" en un esfuerzo por permanecer en el poder. "Los venezolanos tienen derecho a que sus decisiones sean respetadas", apuntó Fitzpatrick.

El subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental también indicó que EE.UU. está "preocupado" por las acciones que tratan de deslegitimar la democracia en Venezuela e hizo un llamado al respeto de las demostraciones pacíficas en las calles.

"Hacemos un llamado a las fuerzas del orden cuyo deber "es proteger y no evitar" las protestas pacíficas.

Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente

En una nueva acción del gobierno venezolano por controlar la crisis política, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional constituyente para “refundar” a Venezuela.

"En uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente convoque a una Asamblea Nacional constituyente, con el pueblo, con la clase obrera", dijo Maduro.

Horas después de anunciarlo Maduro firmó el decreto presidencial para poner en marcha el proceso constituyente, lo que para algunos analistas puede traducirse en que se use como un pretexto para posponer elecciones regionales previstas para este año y potencialmente los comicios presidenciales del 2018.

La medida llega en momentos que su gobierno enfrenta protestas opositoras casi diarias en las que le exigen dejar el poder y llamar a elecciones generales.

Poco después, la oposición pidió desconocer la convocatoria y llamó a realizar nuevas protestas callejeras, que ya se han extendido por más de un mes.

Por su parte Luis Almagro, secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo en una nota de video que el retiro de Venezuela de la OEA no le da carta blanca al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, para consolidarse como dictadura.

Maduro dijo que su llamado era para una asamblea ciudadana, cuyos 500 integrantes serán electos por las “clases obreras y movimientos sociales”.

Para el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, se trata del “golpe de Estado más grave” de toda la historia.

“Debemos seguir luchando como hasta ahora lo estamos haciendo”, dijo Borges al llamar a los venezolanos a salir el martes a cerrar por dos horas las calles para proseguir las protestas contra el gobierno que ya entraron en el segundo mes.

Venezuela: oficialistas expresan apoyo al gobierno
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Miles de ciudadanos afectos a la denominada "revolución bolivariana" marcharon este primero de mayo en Caracas, día del trabajador, para expresar su apoyo a las políticas del presidente Nicolás Maduro, la Voz de América conversó con varios participantes.

La oposición también convocó para el miércoles a una gran movilización en todo el país para intensificar las acciones de calle.

“Que sepan que tiene que masacrar un pueblo o meternos presos, o destruirnos, pero este pueblo venezolano no se rinde”, agregó.

El dirigente opositor instó a las fuerzas armadas y al resto de los poderes públicos a pronunciarse.

Venezuela atraviesa un clima de alta tensión política y creciente espiral de violencia tras las prolongadas protestas contra el líder socialista que han dejado un saldo de 29 muertos, centenares de heridos y cerca de 1.300 detenidos.

Las más recientes manifestaciones comenzaron a fines de marzo.

Maduro propuso la realización de una Asamblea Constituyente para eliminar la constitución vigente desde 1999, formulada por su antecesor Hugo Chávez, y crear una nueva que incluya un reordenamiento del Estado, el Congreso y el poder judicial.

Opositores al chavismo y a su sistema exhiben letreros realizados artesanalmente con estadísticas, que según ellos, presenta el manejo del actual gobierno. Foto: Álvaro Algarra/VOA
Opositores al chavismo y a su sistema exhiben letreros realizados artesanalmente con estadísticas, que según ellos, presenta el manejo del actual gobierno. Foto: Álvaro Algarra/VOA

El abogado constitucionalista José Vicente Haro dijo a la AP que de elegirse los miembros de la asamblea ciudadana solo con los votos de los sectores obreros y demás aliados al gobierno se vulneraría la Constitución que obliga a preservar los principios de “proporcionalidad, representación proporcional de las minorías y personalización de voto”.

Haro explicó que la oposición tiene pocas posibilidades de bloquear la elección de los miembros de la asamblea ciudadana bajo las condiciones que decida Maduro, debido a que los únicos entes que pueden detener ese proceso son el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia, instancias que son señaladas de estar controladas por el gobierno.

Sobre las implicaciones que tendrá este proceso, el jurista indicó que la activación de la Asamblea Nacional Constituyente llevará al CNE a concentrarse en ese proceso y a relegar y demorar cualquier consulta electoral, lo que dejará a la oposición sin opciones para presionar unas elecciones regionales.

Las tensiones políticas se agitaron en Venezuela a finales de marzo a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en las asumió las competencias legislativas de Congreso y limitó la inmunidad de los diputados.

El máximo tribunal, que es señalado de estar controlado por el gobierno, revirtió en abril los dictámenes, pero las protestas aún no han cesado.

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