La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asumió este jueves la responsabilidad por las actas que conservaron los testigos de mesa en la elección del 28 de julio y por lo que fue emitida una orden de arresto contra el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia.
“Yo me enorgullezco de ser parte de este movimiento poderoso que hizo posible este operativo cívico y tecnológico extraordinario y asumo la responsabilidad de las actas porque son legales, legítimas y expresan la soberanía popular del pueblo venezolano”, escribió en X.
Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ratificó que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela e insistió en que los ciudadanos militares y los policías “tienen un deber constitucional que cumplir”.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó este jueves la orden de arresto contra González Urrutia, que el miércoles envió una carta en la que expuso las razones por las que no acudió a las citaciones del Ministerio Público (MP) por la investigación tras la publicación de las copias de las actas.
Saab aseguró que la carta consignada por José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, que ha denunciado violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, es un “agravante”.
“La carta quien se la redactó le hizo un daño a usted, se convierte un agravante en su situación legal, ya que en ella como ya lo dije se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente (…) lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Haro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera”, afirmó el fiscal en conferencia de prensa.
En la carta, el embajador retirado de 75 años, dijo que la coalición de partidos opositores aclaró que la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio no era su responsabilidad.
Además, descartó que se estuviesen usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a que la normativa contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a los testigos.
También aclaró que su incomparecencia no obedece al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al “convencimiento de la falta de fundamento” de las citaciones.
Por solicitud del MP un tribunal emitió el lunes una orden de arresto contra el embajador retirado de 75 años por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación”.
González Urrutia, que ha denunciado ausencia de garantías por parte del Poder Judicial, considerado un brazo del Poder Ejecutivo, participó por última vez en un evento público el 30 de julio, dos días después de los comicios y desde entonces ha limitado sus apariciones a videos en redes sociales.
El CNE proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato y, más de un mes después de la elección, no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que piden una verificación independiente de los resultados, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición que asegura la victoria corresponde a González Urrutia con el 67 % de los votos.
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