El dictamen de una corte en Cuba, sentenciando al contratista estadounidense, Alan Gross, a 15 años de prisión, en base a la acusación de que su trabajo allí en un programa de promoción de la democracia es subversivo, es la más reciente injusticia en su contra.
Detenido por más de un año y sólo recientemente acusado formalmente de violar la ley, Gross ha sufrido lo suficiente. Estados Unidos formula un llamado al gobierno de La Habana para que lo libere inmediata e incondicionalmente, de modo que pueda retornar a su país y reunirse con su familia.
Gross, de 61 años de edad, trabaja para una compañía estadounidense que es subcontratista de un programa financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Él es un dedicado especialista en desarrollo internacional que ha consagrado su vida a ayudar a personas en más de 50 países. En Cuba, trabajó para fortalecer organizaciones de la sociedad civil y mejorar el flujo de información hacia y desde la isla antillana. Alan Gross estaba particularmente comprometido a ayudar a miembros de las comunidades judías de Cuba, que buscaban comunicarse con otros miembros de su fe alrededor del mundo. Incluso el propio presidente cubano, Raúl Castro, reconoció la necesidad del pueblo cubano de estar más conectado a través de la tecnología, cuando en 2008 tomó medidas para liberalizar las políticas del gobierno sobre bienes y servicios, permitiendo la propiedad privada de teléfonos celulares y computadoras.
Alan Gross está enfermo y de ninguna manera merece el castigo que se le ha impuesto. Su detención representa el mayor impedimento para el progreso en el diálogo entre nuestras dos naciones.
