Las autoridades han identificado a por lo menos 15 de los 72 inmigrantes asesinados en México.
El subprocurador de Justicia del estado norteño de Tamaulipas, Jesús de la Garza, dijo que ocho de las víctimas eran de Honduras, cuatro de El Salvador, dos de Guatemala y uno de Brasil.
Inicialmente no se había mencionado que hubiera guatemaltecos entre los inmigrantes asesinados. El vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, dijo a W Radio que al parecer los migrantes fueron asesinados después de negarse a colaborar con Los Zetas.
Tropas mexicanas buscan cerca de la frontera con Estados Unidos a los responsables de la peor masacre de la guerra del narcotráfico en el país.
Infantes de marina fuertemente armados a bordo de vehículos blindados patrullan las localidades de la región fronteriza con Texas con el apoyo helicópteros, en tareas de búsqueda de los responsables por el asesinato de 72 inmigrantes indocumentados de Centro y Sudamérica.
Las victimas fueron ejecutadas , en un rancho en el estado de Tamaulipas, por sicarios supuestamente pertenecientes al grupo narcotraficante Los Zetas. Los asesinatos fueron perpetrados al estilo de fusilamiento, con la manos atadas a las espaldas y vendas en los ojos, y formadas contra un muro.
Muchas veces los inmigrantes son forzados por los narcotraficantes a transportar drogas y son víctimas de la guerra entre los carteles de las drogas.
"Muchos de estos migrantes son forzados a ser parte del proceso del transporte de la droga. Son amenazados a llevar drogas" a Estados Unidos, dijo el analista Fred Burton de la consultora Stratfor.
Ecuador pidió el jueves protección para su ciudadano que sobrevivió al ataque, en medio de la condena del Gobierno de ese país a la masacre.
Estados Unidos condenó los "abyectos crímenes" y ofreció su apoyo contra el narcotráfico. "Son peligrosos, están tratando de minar las instituciones democráticas de México, y por eso es que prometemos continuar nuestra sociedad con México para derrotar estos carteles", dijo el portavoz del departamento de Estado Philip Crowley.
El peor ataque
Los cuerpos sin vida de 72 inmigrantes de distintos países de Centro y Sudamérica fueron hallados en una finca en el norte de México, próximo a la frontera con Estados Unidos.
Los infantes de Marina mexicanos realizaban un operativo en las inmediaciones del municipio de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas, cuando fueron alertados del ataque contra los inmigrantes por un superviviente, identificado como Luis Freddy Lala Pomavilla, ciudadano ecuatoriano.
Los cuerpos fueron encontrados en una zona rural corresponden a 58 hombres y 14 mujeres y los asesinatos presumiblemente fueron ejecutados por sicarios del cartel de las drogas de Los Zetas, según declaro el sobreviviente, explicó el portavoz de la Secretaría de Marina, contralmirante José Luis Vergara.
"De acuerdo a información preliminar, por confirmar, pudieran ser inmigrantes indocumentados de diversas nacionalidades entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil", dijo a la prensa el secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.
El presidente Felipe Calderón, quien desde el inicio de su gobierno en 2006 emprendió una fuerte ofensiva contra el narcotráfico, condenó enérgicamente los hechos.
"Son ellos los que están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y de reclutamiento", dijo el mandatario mexicano.
Víctimas silenciosas
El hallazgo por parte de las autoridades de los 72 cadáveres inmigrantes indocumentados, posiblemente en tránsito hacia Estados Unidos, reavivó el debate sobre las víctimas silenciosas como suele llamarse a aquellos que no tienen condiciones para denunciar crímenes en su contra.
Explotados por los traficantes de personas y por los narcotraficantes, los inmigrantes que se arriesgan a atravesar México, en tránsito hacia Estados Unidos, a donde aspiran a ingresar sin ser detectados por la frontera terrestre, difícilmente reportan los ataques en su contra.
Estadísticas del INM señalan que entre enero y julio de 2010 habían sido retenidos unos 43.700 extranjeros, de los cuales más de 40.000 procedían de América Central, sobre todo Honduras y Guatemala.
En este caso, el hallazgo de los cuerpos sin vida de los inmigrantes, fue el mayor relacionado con la violencia destacada en México por los narcotraficantes, desde que el presidente Felipe Calderón asumiera la conducción del país y declara la guerra al crimen organizado.
"Los cuerpos estaban tirados en la superficie del rancho y no estaban enterrados en una fosa. Estamos investigando todavía el tiempo que tienen en el lugar", dijo un portavoz de la Secretaría de Marina.
La violencia atribuida al crimen organizado y el narcotráfico ha dejado más de 28.000 víctimas desde diciembre del 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles de las drogas.
Reacciones de los consulados
La cancillería de Ecuador confirmó en un comunicado que el sobreviviente de la masacre ocurrida en un rancho de la municipalidad de San Fernando, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad fronteriza estadounidense de Brownsville, Texas, es ciudadano ecuatoriano y lo identificó como Luis Freddy Lala Pomavilla, quien es atendido en un hospital de Tamaulipas.
El consulado ecuatoriano en México trabaja para determinar si había más ecuatorianos que puedan estar entre los muertos.
El cónsul general de Brasil en México, Marcio Araujo Lage, dijo que encontraron algunos documentos "que indican que podrían ser cuatro" los brasileños entre las víctimas, aunque aún no lo tienen plenamente corroborado.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez condenó los asesinatos y dijo que aún no se tenía información sobre el número de posibles compatriotas fallecidos. "Estamos muy impactados por este hecho y eso reafirma nuestra lucha para seguir protegiendo a nuestros compatriotas en cualquier parte donde se encuentren", señaló el diplomático en un comunicado.
El secretario técnico de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré dijo que la masacre revela que “el crimen organizado... no tiene ningún límite ni parangón ético".
Amnistía Internacional consideró que la matanza "demuestra el extremo peligro y violencia que los centroamericanos enfrentan en su viaje hacia al norte", además de la falla de las autoridades mexicanas para protegerlos.
