La organización Foro Penal se refirió a la situación de las personas consideradas "presos políticos" en Venezuela y afirmó que la mayoría no tiene una condena, pese a haber superado ya el periodo establecido por la ley para permanecer en presión preventiva.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, detalló este miércoles que de los 245 presos políticos que hay actualmente, solo 35 han sido condenados.
“Los otros (presos), que son 210, ni siquiera han pasado en muchas ocasiones la audiencia preliminar, y no han tenido derecho a juicio ni a defenderse”, señaló Romero en rueda de prensa.
En este sentido, agregó que del total de presos políticos, 91 se encuentra con prisión preventiva, sin condena, con más de tres años privados de libertad.
El abogado recordó que las leyes venezolanas establecen un máximo de tres años para que las personas puedan estar en prisión preventiva. De superarse ese lapso, se debe continuar el proceso en libertad.
Esta situación, advierte Romero, no se da solo con los que permanecen detenidos.
“Hay más de 9.000 personas que, encontrándose excarceladas, se encuentran con medida de coerción, quiere decir prohibición de salida del país, tienen que presentarse ante un tribunal, en muchos casos prohibición de salida de la ciudad donde viven, etc.”, apuntó el abogado.
Examen Periódico Universal
Romero también se refirió al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al que fue sujeto el martes Venezuela.
Durante las intervenciones de más de 100 países, se hizo referencia a los detenidos por motivos políticos en el país, pidiendo su liberación, además de que se recomendó poner fin a las detenciones arbitrarias.
“Se ve por lo menos una gran cantidad de países que observan que la situación de violación de los derechos humanos en Venezuela no ha mejorado”, indicó Romero.
En el examen, entre tanto, el gobierno venezolano ratificó su compromiso por los derechos civiles y políticos, así como los sociales y económicos, de los venezolanos.
Como parte de informe nacional, intervino Mirelys Contreras, ministra para el servicio penitenciario, quien indicó que se “asegura el debido proceso” para evitar el retardo procesal.
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