Una asociación española que representa a más de 80 periódicos ha presentado una demanda contra Meta, matriz de Facebook, acusándola de competencia desleal en la publicidad online al supuestamente ignorar las normas de la Unión Europea sobre protección de datos.
En un comunicado, la Asociación de Medios de Información exige 550 millones de euros (600 millones de dólares) al gigante de las redes sociales. La asociación representa a decenas de periódicos, incluidos los principales diarios españoles El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia.
La asociación acusa a Meta de incumplir la normativa de protección de datos de la UE entre mayo de 2018, cuando entró en vigor, y julio de 2023.
Señaló que Meta ha ignorado repetidamente el requisito de que los ciudadanos den su consentimiento para el uso de sus datos para la elaboración de perfiles publicitarios.
La compañía declinó hacer comentarios, diciendo que no había visto los documentos legales.
Las plataformas Facebook e Instagram de Meta llevan mucho tiempo utilizando la publicidad conductual para ganar dinero. La práctica implica rastrear el comportamiento individual en línea, como los hábitos de navegación web, los clics del mouse y el uso de aplicaciones, y luego usar esos datos para crear perfiles para personalizar los anuncios de los usuarios.
Pero los fallos judiciales han erosionado la capacidad de Meta para justificar sus métodos bajo las regulaciones de privacidad de datos de la UE. En julio, el tribunal superior de la UE dictaminó que la compañía no puede obligar a los usuarios del bloque de 27 naciones a aceptar anuncios personalizados, sosteniendo que los usuarios deben dar su consentimiento libremente. Meta respondió ofreciendo versiones sin publicidad de Facebook e Instagram para usuarios europeos por una tarifa mensual.
La asociación española aseveró que el uso de datos personales de los usuarios de las plataformas Meta, rastreados sin su consentimiento, permitió a la empresa estadounidense ofrecer espacios publicitarios basándose en una ventaja competitiva obtenida de manera ilegal, amenazando indirectamente el sustento de la prensa española.
La organización llamó a los anunciantes del sector público y privado a confiar “sus campañas de publicidad a medios seguros, fiables, y responsables, respetuosos con los derechos de los ciudadanos y que apuesten por fomentar la calidad democrática de España”.
El caso fue presentado ante los juzgados de lo mercantil de Madrid.
