El gobierno del presidente Nicolás Maduro minimizó las decisiones que puedan tomar los canciller del Mercosur sobre Venezuela, como “nulas e írritas”.
Los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se reunieron el jueves en la Ciudad de Cartagena de Indias, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, para discutir la crisis por la que atraviesa el país caribeño y las acciones que deberán seguir para tratar de solucionarla.
"Se analizará la situación y veremos cuál es la posición de los Estados partes", dijo el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
El grupo no descarta discutir la aplicación de su carta democrática a Venezuela en la que se afirma que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social y para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados miembros”.
Maduro se encuentra enfrentado con el Mercosur desde que los cuatro países fundadores acordaron que Venezuela, aceptado como miembro de pleno derecho en 2012, no podría ejercer la presidencia pues aún no ha ratificado todos los acuerdos del grupo.
Caracas insiste en que está al frente de la presidencia temporal pese a la resistencia del resto de los miembros.
El canciller Loizaga estableció que "Paraguay es partidario de que también se invite a los otros poderes del Estado venezolano para escuchar las alegaciones que tienen que hacer sobre el proceso político conforme al Protocolo [Adicional al Tratado Constitutivo de la Unasur sobre Compromiso con la Democracia].
Expresidentes se pronuncian
Paralelamente, 25 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y América Latina instaron a la OEA y sus estados miembros a poner en marcha los “mecanismos de protección de la democracia” en el caso de Venezuela y defendieron que debe haber requisitos previos para el diálogo promovido por la Santa Sede.
Los exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) denunciaron en una declaración “la pérdida de legitimidad de origen del régimen imperante en Venezuela, según el tenor de la Carta Democrática Interamericana y demás cláusulas democráticas contempladas en los tratados internacionales en vigor”.
Después de hacer un repaso de sus anteriores comunicados sobre la situación venezolana se centran en la suspensión del “ejercicio de la voluntad popular mediante el voto, sea acudiendo al referendo revocatorio del Presidente de la República, sea para la elección de los gobernadores de Estado, previstos a celebrarse el presente año”.
Los firmantes expresan su “grave preocupación” por la suspensión del proceso para el revocatorio y de los comicios por una decisión “coludida del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y jueces penales subalternos”.
