El gobierno mexicano anunció que su polémico esfuerzo para buscar a personas falsamente catalogadas como desaparecidas ha detectado a 16.681 individuos que habían regresado a sus hogares sin haber notificado a las autoridades.
La medida realizada a nivel nacional fue considerada por muchos como un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el políticamente vergonzoso total de 113.000 personas “desaparecidas” del país, una cifra que se ha disparado durante su gobierno.
En lugar de buscar fosas clandestinas y crematorios que salpican el país, el gobierno envió alrededor de 5.000 policías y otros funcionarios para realizar más de 111.000 visitas a hogares en busca de personas que podrían haber aparecido en registros fiscales, hospitalarios o bancarios.
No se pudo localizar a otras 17.843 personas que parecían haber usado una tarjeta de crédito, recibido una vacuna o solicitado prestaciones gubernamentales estando catalogadas como desaparecidas. El gobierno creó una línea directa instando a la población a llamar para obtener información sobre ellos, en lo que parecía ser un intento de criminalizarlos.
“Si tienes datos que ayuden a completar los reportes o reconoces a alguna de las personas en el listado, comunícate a Locatel”, se indica en un vídeo que acompaña al nuevo informe.
De momento no queda claro si las autoridades consideraron el hecho de que los secuestradores y otros delincuentes suelen usar las tarjetas de crédito de las personas desaparecidas o realizar transacciones a su nombre. Los delincuentes también suelen amenazar a las víctimas de secuestro con consecuencias nefastas si contactan a la policía una vez liberadas.
Quizás el hallazgo más impactante anunciado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue que el registro nacional de personas desaparecidas tenía un mantenimiento de denuncias tan deficiente que en 62.112 casos, o alrededor del 68 % de los reportes, no había suficiente información de contacto para siquiera iniciar una búsqueda. Eso significa que las autoridades esencialmente nunca dieron seguimiento a esas denuncias de personas desaparecidas ni pidieron la información suficiente para hacerlo.
El esfuerzo sobre búsqueda comenzó en Ciudad de México hace más de un año y se lanzó a nivel nacional en agosto. Alcalde dijo que se había confirmado la desaparición de 12.377 personas —aproximadamente el 11 % de los casos de personas desaparecidas hasta agosto.
En sí, lo que eso significó fue que la policía u otros funcionarios llamaron o se presentaron en la puerta de familiares angustiados, a veces años después, para preguntarles si sus seres queridos realmente estaban desaparecidos.
Este enfoque ha enojado a los familiares de los desaparecidos, quienes durante años han llevado a cabo investigaciones y búsquedas que la policía no realiza.
Los activistas de búsqueda estaban enojados porque el gobierno estaba dispuesto a dedicar millones de horas de tiempo de los funcionarios a revisar los bancos de datos con el fin de reducir el número de desaparecidos, cuando la policía y los fiscales a menudo ni siquiera acompañan a los familiares a las fosas clandestinas que han encontrado por su propia cuenta.
"Es un esfuerzo del ejecutivo federal para desaparecer a los desaparecidos, a seguir maquillando las cifras, y seguir minimizando el grave problema, la crisis humanitaria, que vive el país”, destacó Héctor Flores, cuyo hijo de 19 años Héctor Daniel Flores Fernández desapareció en 2021 en la ciudad de Guadalajara, plagada de violencia. Desde entonces no ha sabido nada de él.
Los familiares de las víctimas dependen de pistas anónimas —a veces incluso de exsicarios de los cárteles— para encontrar sitios donde presuntamente se arrojan cadáveres. Introducen largas barras de acero en la tierra para detectar el olor de la muerte.
Si encuentran algo, lo que la mayoría de las autoridades hará es enviar un equipo policial y forense para recuperar los restos, que en la mayoría de los casos nunca son identificados. El gobierno no ha podido identificar unos 50.000 cadáveres que se encuentran apilados en morgues y fosas comunes ni los fragmentos de huesos encontrados en fosas clandestinas y crematorios improvisados.
La falta de desinterés del gobierno en buscar a las personas realmente desaparecidas resulta evidente. En Guadalajara, los lugareños descubrieron un vertedero de cadáveres donde se habían enterrado 41 bolsas de restos humanos en fosas poco profundas.
Pero el lugar no fue descubierto mediante una investigación policial; fue encontrado en noviembre luego que los vecinos vieron perros que traían una pierna y un cráneo humanos.
Alcalde negó que el gobierno intente minimizar el problema y que ninguno de los nombres de los encontrados será eliminado de la lista. En cambio, serán trasladados a la categoría de “hallados con vida”, que actualmente contiene alrededor de 190.000 nombres.
A pesar de la aparente reducción promocionada por Alcalde, los expertos dicen que las cifras reales de personas desaparecidas en México pueden ser muy superiores dado que muchas personas viven en regiones controladas por cárteles donde presentar una denuncia de este tipo resulta peligroso.
López Obrador afirma que las cifras de desaparecidos —alrededor de 47.000 desde que asumió el cargo en 2018— han sido infladas por sus rivales políticos con el fin de hacerlo quedar mal.
El problema es tan grave que hasta los “desaparecidos” pueden desaparecer en México. El miércoles, residentes del poblado notoriamente violento de San Fernando, en el estado norteño fronterizo de Tamaulipas, publicaron videos de media docena de cadáveres acribillados que fueron arrojados en una calle con mensajes amenazantes del cártel del Golfo.
Pero el gobierno reportó que “los elementos de la Guardia Estatal acudieron a dicha ubicación, reportaron hallazgo de unas manchas sobre la tierra que presuntamente son de sangre, sin embargo no se encontraron restos humanos en dicho punto ni en sus alrededores”. Se desconoce quién retiró los restos. Los cárteles en disputa territorial en ocasiones recogen los cadáveres de sus propios integrantes luego de enfrentamientos.
La Fiscalía General de Tamaulipas anunció el jueves en un comunicado que fueron localizados en una funeraria del poblado fronterizo de Reynosa nueve cuerpos que fueron reportados por una llamada anónima. Las autoridades no descartan que el caso tenga relación con el evento de San Fernando, precisó la Fiscalía.
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