Las autoridades mexicanas detuvieron este viernes al fiscal que estuvo a cargo de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, un día después de que una Comisión de la Verdad creada para esclarecer el hecho lo describió como “un crimen de Estado”.
Según medios locales, el arrestado fue el exfiscal general Jesús Murillo, reportó la agencia Reuters, que dijo que la oficina del Procurador General de México no había respondido a que hiciera comentarios sobre el caso.
El jueves, la Comisión de la Verdad presentó un informe de lo ocurrido hace ocho años que dice que ve responsabilidad en el Ejército por no haber actuado a pesar de que uno de los jóvenes era un soldado infiltrado en el grupo estudiantil y sabía lo que estaba ocurriendo.
La comisión reactivó también la hipótesis de que el crimen esté vinculado al tráfico de heroína en la zona.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión, confirmó que no hay indicios de que los jóvenes puedan seguir con vida, y anunció que México le ha ofrecido a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso y prófugo en Israel, un acuerdo para que colabore con la justicia proporcionando información que pueda esclarecer los hechos.
El 26 de septiembre de 2014, policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes de la zona.
Según la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los expertos internacionales amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que continúan colaborando con la investigación, como la actual fiscalía negaron la versión del basurero e insistieron en que los 43 estudiantes no desaparecieron juntos, sino en varios grupos.
Sin embargo, confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron también que funcionarios federales torturaron a testigos y manipularon pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Encinas subrayó que los miles de nuevos documentos analizados confirman no sólo esos puntos, sino que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Dijo también que el Ejército es responsable, al menos, “por acción, omisión o negligencia” en el caso porque uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien sus mandos no buscaron, aunque tenían información en tiempo real de su situación, y esa inacción iba en contra de los protocolos vigentes.
En el pasado, el Ejército ha argumentado que no actuó porque la policía estaba a cargo de la situación y no era su responsabilidad involucrarse.
La Secretaría de la Defensa no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios por parte de la AP.
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