La izquierda mexicana acusó al gobierno del estado de México de triangular dineros públicos e incluso ilícitos, para destinarlos a la campaña de Enrique Peña Nieto, quien ganó las elecciones del 1 de julio.
Según el candidato del izquierdista PRD, Andrés Manuel López Obrador, segundo en los comicios, la operación estuvo a cargo del Luis Videgaray Caso, quie fuera coordinar de la campaña y actualmente es encargado de Políticas Públicas de Peña Nieto.
Los movimientos de dinero, según López Obrador, se hicieron a través de cuentas en el Scotiabank (de capital canadiense) y Bancomer (filial del español BBVA).
"Está demostrado que el PRI y (su candidato Enrique) Peña Nieto utilizaron millones de pesos, ríos de dinero para comprar la presidencia", dijo este jueves López Obrador.
Su jefe de campaña, Ricardo Monreal, presentó datos de la cuenta 806935 del gobierno del Estado de México, desde la cual Videgaray habría hecho transferencias por más de 8.000 millones de pesos mexicanos.
"No hay ninguna justificación para que un ciudadano (particular), y menos un coordinador de campaña, maneje recursos públicos de un gobierno estatal, ese es un asunto muy delicado" señaló Monreal.
Los documentos presentados, sin embargo, no tenían membrete de banco ni aparece el nombre de Videgaray en los mismos.
Al respecto el banco Scotiabank dijo en un breve comunicado que Videgaray no es titular del número de cuenta mencionado por Monreal en la conferencia.
Por su parte, el partido de Peñ Nieto dijo en un comunicado que "En su desesperación el candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, quien fuera su coordinador de campaña, recurren a la mentira y al uso de documentos falsos con la pretensión de engañar a los medios de comunicación y a la opinión pública".
López Obrador obtuvo el 31,6% de los votos, unos 3,3 millones menos que Peña Nieto (38,2%) en las elecciones. El Tribunal Electoral tiene hasta el 6 de septiembre para pronunciarse sobre la validez de los comicios y promulgar oficialmente al ganador, que asumirá en diciembre para el periodo 2012-2018.
La coalición de izquierda impugnó las elecciones y pidió declararlas inválidas alegando que el PRI compró cinco millones de votos con tarjetas de una cadena de supermercados, violó el tope de gastos electorales y se benefició de una cobertura sesgada a su favor por parte de los medios.
Según el candidato del izquierdista PRD, Andrés Manuel López Obrador, segundo en los comicios, la operación estuvo a cargo del Luis Videgaray Caso, quie fuera coordinar de la campaña y actualmente es encargado de Políticas Públicas de Peña Nieto.
Los movimientos de dinero, según López Obrador, se hicieron a través de cuentas en el Scotiabank (de capital canadiense) y Bancomer (filial del español BBVA).
"Está demostrado que el PRI y (su candidato Enrique) Peña Nieto utilizaron millones de pesos, ríos de dinero para comprar la presidencia", dijo este jueves López Obrador.
Su jefe de campaña, Ricardo Monreal, presentó datos de la cuenta 806935 del gobierno del Estado de México, desde la cual Videgaray habría hecho transferencias por más de 8.000 millones de pesos mexicanos.
"No hay ninguna justificación para que un ciudadano (particular), y menos un coordinador de campaña, maneje recursos públicos de un gobierno estatal, ese es un asunto muy delicado" señaló Monreal.
Los documentos presentados, sin embargo, no tenían membrete de banco ni aparece el nombre de Videgaray en los mismos.
Al respecto el banco Scotiabank dijo en un breve comunicado que Videgaray no es titular del número de cuenta mencionado por Monreal en la conferencia.
Por su parte, el partido de Peñ Nieto dijo en un comunicado que "En su desesperación el candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, quien fuera su coordinador de campaña, recurren a la mentira y al uso de documentos falsos con la pretensión de engañar a los medios de comunicación y a la opinión pública".
López Obrador obtuvo el 31,6% de los votos, unos 3,3 millones menos que Peña Nieto (38,2%) en las elecciones. El Tribunal Electoral tiene hasta el 6 de septiembre para pronunciarse sobre la validez de los comicios y promulgar oficialmente al ganador, que asumirá en diciembre para el periodo 2012-2018.
La coalición de izquierda impugnó las elecciones y pidió declararlas inválidas alegando que el PRI compró cinco millones de votos con tarjetas de una cadena de supermercados, violó el tope de gastos electorales y se benefició de una cobertura sesgada a su favor por parte de los medios.
