Los principales medios de comunicación de México exigieron el lunes al Gobierno mayor seguridad para los periodistas, que en los últimos años han sido blanco de múltiples agresiones en el marco de la creciente violencia vinculada al narcotráfico.
Las empresas, entre ellas el gigante de medios Televisa y la cadena Radio Centro, criticaron en una solicitada publicada en varios diarios y en internet la débil labor de las autoridades locales y federales, que se han visto rebasadas ante los ataques contra la prensa.
“Se requieren con urgencia gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que estén más comprometidos con la necesidad de proveer esquemas de protección”, dice el documento titulado “Basta ya”, firmado además por diarios de gran tirada como Excélsior y El Universal.
La publicación ocurre el día en que expertos en libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofrecerán una conferencia de prensa sobre sus hallazgos en el país tras una visita de casi una semana.
Los medios también anunciaron la creación de un grupo de trabajo para delinear estrategias para evitar ataques y fortalecer los vínculos con organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
Entre las casas editoras que firman la solicitada se encuentra también el periódico digital RíoDoce, que a mediados de año sufrió el asesinato de unos sus fundadores, Javier Valdez, uno de los periodistas más reconocidos en el país en la cobertura del crimen organizado.
México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo por organizaciones como Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
De acuerdo con datos de la organización internacional de apoyo a comunicadores Artículo 19, en los cinco años que van del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 38 periodistas han sido asesinados en México.
Hasta junio, el organismo documentó 276 agresiones físicas y materiales contra periodistas, amenazas, secuestros, intimidaciones e intervención de comunicaciones, entre otras.
Reuters
