En un comunicado, la cancillería mexicana manifestó su beneplácito por la determinación del gobierno de Estados Unidos de interponer acciones legales con el fin de impedir la entrada en vigor de la llamada Ley Arizona.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para impugnar la constitucionalidad de una nueva Ley de Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
Reiteró su reconocimiento al derecho soberano de todos los países para adoptar leyes y políticas públicas que deban aplicarse en su territorio, sin embargo consideró que cuando una medida afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, el gobierno de México tiene la obligación de proteger la dignidad de sus ciudadanos.
En el mismo sentido, senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte consideraron que se trata de un acto de congruencia del presidente estadounidense, Barack Obama, pues demuestra así su compromiso de consolidar una nación cuyo eje conductor es la defensa de los derechos civiles y humanos.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Carlos Navarrete, expresó su confianza de que las instituciones judiciales de Estados Unidos resuelvan esta controversia de manera favorable a los intereses de los ciudadanos.
“Tengo confianza de que en que si los asesores de la Casa Blanca, los asesores del presidente Obama han logrado configurar una argumentación sólidamente, planteada bien, en términos muy enérgicos para declarar inconstitucional una ley local de un estado de la Unión Americana, la corte tenga elementos para poder entrar a fondo y pueda resolver a final de cuentas positivamente para muchos migrantes que trabajan y viven en Estaos Unidos”, dijo Navarrete.
Legisladores y gobierno indicaron que se mantendrán atentos a este proceso.
