Cuando los mexicanos acudan este domingo a las urnas para elegir nuevo presidente, gane quien gane, los retos serán igualmente enormes para el triunfador, que tomará las riendas de un país sumido en el descontento popular y bañado en sangre por una descarnada e interminable guerra contra el crimen organizado.
Transfomado en territorio clave para las rutas de la droga y del tráfico ilegal de armas a nivel regional, la violencia ha alcanzado proporciones tan grandes en algunas áreas de México que, según muchos analistas, el próximo mandatario tendrá que definir a la mayor brevedad qué estrategia implementará para combatir al narcotráfico.
Según estimados de la Procuraduría General de la República, más de 45 mil personas murieron entre 2006 y 2011 como resultado de la guerra declarada por el saliente mandatario Felipe Calderón contra los carteles de la droga, y en los últimos seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 5 mil desapariciones forzadas.
Expertos señalan que como resultado de la política llevada a cabo hasta ahora de privilegiar la captura de los capos del narcotráfico, los carteles se han fragmentado y la violencia se ha propagado a gran parte del territorio nacional, por lo que el número de organizaciones ciminales, estiman, pasó de seis al menos a 16 en ese lapso.
De hecho han sido identificadas una decena de ciudades donde el número de asesinatos y secuestros y extorsiones están prácticamente fuera de control: Juárez, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Culiacán, Mazatlán y Acapulco. Y la pregunta que se hacen los mexicanos es qué hará el próximo presidente para frenarlos.
Pero hasta ahora ninguno de los tres candidatos principales a la presidencia dio a conocer qué política seguiría frente a los carteles de la droga, ni Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) o Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Movimiento Progresista.
Recientemente, el candidato Peña Nieto anunció que si resulta electo nombrará como asesor en temas de seguridad nacional a Oscar Naranjo, ex jefe de la policía colombiana, a quien se le atribuye la derrota en los años 1990 de los carteles de Medellín y de Cali. Pero según encuestas, aunque ocho de cada 10 mexicanos apoyan la participación de militares en el combate a los carteles, no confían en que de esa manera el gobierno esté ganando la guerra contra las drogas.
También la economía
Más allá de los graves problemas de inseguridad y de la necesidad de una reforma política que dé mayor legitimidad a los partidos y fortalezca el sistema electoral mexicano, la nación enfrenta un panorama económico incierto, y de hecho la calificadora internacional de riesgo financiero Moody acaba de degradar la nota a 10 bancos que operan en el país.
Entre esas entidades se encuentran Banamex-Citibank, BBVA, Santander y HSBC, que entre los cuatro controlan más del 60 por ciento de los activos bancarios de México. La razón es que mientras esos bancos habían sido considerados “mejor negocio” que sus matrices en Europa o EE.UU. ahora se les considera igualmente riesgosos sobre todo debido “a su exposición a la deuda pública”.
Otro de los dolores de cabeza que esperan al nuevo mandatario es la dependencia alimentaria que sufre el país, estimada en más del 40 por ciento, que lo obligará a tratar de impulsar la producción agropecuaria en momentos en que según el líder de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo Jaime, alrededor de 48 millones de mexicanos padecen las consecuencias de una severa sequía.
La tan debatida reforma del sector energético, plagado de problemas estructurales y operativos, es otra de las grandes interrogantes pendientes para quien asuma la presidencia durante el período 2012-2018. Como exportador neto de petróleo, México se beneficia de los precios más altos del crudo, pero estos tienen un doble efecto para el país.
A corto plazo por cada dólar que sube el precio del barril la empresa estatal PEMEX –la mayor del país—percibe ingresos adicionales de $450 millones de dólares al año. Pero a largo plazo el efecto es negativo, puesto que el alza del petróleo golpea la recuperación mundial, sobre todo la de EE.UU., país al que está muy estrechamente ligada la economía mexicana.
Transfomado en territorio clave para las rutas de la droga y del tráfico ilegal de armas a nivel regional, la violencia ha alcanzado proporciones tan grandes en algunas áreas de México que, según muchos analistas, el próximo mandatario tendrá que definir a la mayor brevedad qué estrategia implementará para combatir al narcotráfico.
Según estimados de la Procuraduría General de la República, más de 45 mil personas murieron entre 2006 y 2011 como resultado de la guerra declarada por el saliente mandatario Felipe Calderón contra los carteles de la droga, y en los últimos seis años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 5 mil desapariciones forzadas.
Expertos señalan que como resultado de la política llevada a cabo hasta ahora de privilegiar la captura de los capos del narcotráfico, los carteles se han fragmentado y la violencia se ha propagado a gran parte del territorio nacional, por lo que el número de organizaciones ciminales, estiman, pasó de seis al menos a 16 en ese lapso.
De hecho han sido identificadas una decena de ciudades donde el número de asesinatos y secuestros y extorsiones están prácticamente fuera de control: Juárez, Chihuahua, Saltillo, Torreón, Monterrey, Veracruz, Guadalajara, Culiacán, Mazatlán y Acapulco. Y la pregunta que se hacen los mexicanos es qué hará el próximo presidente para frenarlos.
Pero hasta ahora ninguno de los tres candidatos principales a la presidencia dio a conocer qué política seguiría frente a los carteles de la droga, ni Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN) o Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición Movimiento Progresista.
Recientemente, el candidato Peña Nieto anunció que si resulta electo nombrará como asesor en temas de seguridad nacional a Oscar Naranjo, ex jefe de la policía colombiana, a quien se le atribuye la derrota en los años 1990 de los carteles de Medellín y de Cali. Pero según encuestas, aunque ocho de cada 10 mexicanos apoyan la participación de militares en el combate a los carteles, no confían en que de esa manera el gobierno esté ganando la guerra contra las drogas.
También la economía
Más allá de los graves problemas de inseguridad y de la necesidad de una reforma política que dé mayor legitimidad a los partidos y fortalezca el sistema electoral mexicano, la nación enfrenta un panorama económico incierto, y de hecho la calificadora internacional de riesgo financiero Moody acaba de degradar la nota a 10 bancos que operan en el país.
Entre esas entidades se encuentran Banamex-Citibank, BBVA, Santander y HSBC, que entre los cuatro controlan más del 60 por ciento de los activos bancarios de México. La razón es que mientras esos bancos habían sido considerados “mejor negocio” que sus matrices en Europa o EE.UU. ahora se les considera igualmente riesgosos sobre todo debido “a su exposición a la deuda pública”.
Otro de los dolores de cabeza que esperan al nuevo mandatario es la dependencia alimentaria que sufre el país, estimada en más del 40 por ciento, que lo obligará a tratar de impulsar la producción agropecuaria en momentos en que según el líder de la Central Campesina Independiente, Rafael Galindo Jaime, alrededor de 48 millones de mexicanos padecen las consecuencias de una severa sequía.
La tan debatida reforma del sector energético, plagado de problemas estructurales y operativos, es otra de las grandes interrogantes pendientes para quien asuma la presidencia durante el período 2012-2018. Como exportador neto de petróleo, México se beneficia de los precios más altos del crudo, pero estos tienen un doble efecto para el país.
A corto plazo por cada dólar que sube el precio del barril la empresa estatal PEMEX –la mayor del país—percibe ingresos adicionales de $450 millones de dólares al año. Pero a largo plazo el efecto es negativo, puesto que el alza del petróleo golpea la recuperación mundial, sobre todo la de EE.UU., país al que está muy estrechamente ligada la economía mexicana.
