Varios miles de desocupados se movilizaron el miércoles con antorchas hacia el centro de Buenos Aires para luego acampar frente a la sede del gobierno nacional, en reclamo de mayor ayuda social ante una inflación sin freno y una pobreza que afecta al 40 % de los argentinos.
La protesta es encabezada por la denominada Unidad Piquetera, formada por organizaciones sociales y políticas de izquierda que en los últimos dos años convirtieron la capital argentina en epicentro de bloqueos de calles y acampadas de varios días sobre el asfalto contra la política económica del gobierno de Alberto Fernández.
La movilización del miércoles presentó la novedad de una marcha con antorchas y la decisión de los líderes de las organizaciones de pernoctar en carpas frente a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, justo en momentos en que la inflación mensual de marzo llegó a 7,7 %, la más alta desde 2002.
“Cada vez más gente se suma lamentablemente al ejército de desocupados y al ejército de hambrientos en Argentina, que no tenés más remedio que salir a luchar”, dijo a AP Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, uno de los grupos que moviliza a más militantes, la mayoría desocupados que reciben ayuda social.
“No nos dejan otra alternativa que salir a movilizarnos, cortar las calles y acampar, como vamos a hacer hoy (por miércoles)... Será un acampe histórico, nunca hubo tanta gente. También es histórico el crecimiento de la inflación, de la pobreza y del hambre. Claramente, necesitamos una respuesta y el gobierno mira para otro lado”, alertó el dirigente social.
La pobreza aumentó a un 39,2 % en el segundo semestre de 2022, en un contexto de aceleración de la inflación. De ese porcentaje, un 8,1 % son indigentes, es decir, que no cubren sus necesidades de alimentos. En total, 18,6 millones de personas tienen problemas para subsistir en Argentina.
Las organizaciones sociales reclaman una mejora en los planes de ayuda social, que contemplan sumas equivalentes de 50 a 150 dólares mensuales. También piden más alimentos para los comedores comunitarios de barriadas pobres.
Al mismo tiempo, denuncian que hay beneficiarios de subsidios que fueron dados de baja como parte del ajuste del gasto público que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación del préstamo de 45.000 millones de dólares que le otorgó en 2018.
El gobierno anunció una baja de unos 85.000 receptores de ayudas alegando que no revalidaron su identidad para seguir recibiendo los planes, lo que ha agudizado el malestar de los dirigentes de las organizaciones que agrupan a esos trabajadores de la economía informal.
El Ejecutivo también ha cuestionado este tipo de protestas por considerar que están politizadas.
“Venimos luchando porque queremos trabajo genuino. Yo tengo comedor y merendero. Y veo la necesidad que tiene cada chico en el barrio. Camino otros barrios y veo la misma necesidad. Estamos muy abandonados”, declaró Mirella Rubilar, de 51 años, quien marchaba en una de las multitudinarias columnas que llegaron al centro.
Con la inflación al tope de las preocupaciones de la población y con niveles de pobreza que contradicen las banderas de justicia social y redistribución de la riqueza que históricamente levantó el partido gobernante peronista, los analistas proyectan un endurecimiento de las protestas callejeras en los meses que faltan para la campaña electoral de las generales de octubre.
“Milité mucho por el peronismo, pero no vuelve a ganar. Lamentablemente, el peronismo me defraudó”, dijo Rubilar. “Me duele en el alma porque no se está haciendo nada por la gente, los pibes (niños) se están muriendo de hambre. Nada que ver con lo que hizo Eva (Perón)”, la esposa del fundador del partido, Juan Perón, apodada la abanderada de los humildes.
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