Al menos 66 extranjeros están detenidos por razones políticas en Venezuela, según registros de la organización civil Foro Penal. De acuerdo con los expertos, son potenciales protagonistas de tratos del gobierno de Nicolás Maduro con sus respectivos países.
El informe de Foro Penal, una organización que defiende gratuitamente a víctimas de detenciones arbitrarias y a presos políticos en el país suramericano, detalló que la última actualización de la cifra de extranjeros o con doble nacionalidad arrestados en el país suramericano data del 28 de febrero.
La mayor cantidad de ellos, unos 22, tiene nacionalidad colombiana, 10 son colombianos y 12 tienen la doble nacionalidad colombiana y venezolana. Asimismo, hay 12 españoles: 2 tienen exclusivamente la nacionalidad española, y 10 también son venezolanos.
Foro Penal detalla que hay 9 italianos detenidos en Venezuela, de los cuales 8 también tienen nacionalidad venezolana. En el caso de Estados Unidos, hay 5 detenidos de ese origen: uno es exclusivamente estadounidense; y el resto también tiene las nacionalidades boliviana, francesa, mexicana y puertorriqueña.
La cifra de estadounidenses detenidos puede ser aún mayor, de acuerdo con la diplomacia del gobierno de Donald Trump. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, denunció el pasado 7 de marzo a través de un portavoz que hay 9 ciudadanos de su país detenidos “injustamente” en Venezuela.
Rubio exigió que todos fueran liberados inmediatamente y consideró que es “inaceptable” que el gobierno de Maduro los haya arrestado “en circunstancias cuestionables y sin respeto por sus derechos”.
“Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para asegurar la liberación de los estadounidenses restantes detenidos injustamente por el régimen en Venezuela”, acotó.
El enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas a principios de febrero y regresó a su país con seis ciudadanos americanos que estaban arrestados en Venezuela y que fueron excarcelados.
Desde la Oficina Oval en la Casa Blanca y tras conversar con los excarcelados por teléfono, Trump se refirió a ellos como “rehenes” del gobierno de Maduro.
Más extranjeros detenidos
El reporte de Foro Penal indicó además que al menos 4 personas con doble nacionalidad portuguesa y venezolana se encontraban detenidas en el país hasta el 28 de febrero.
También están bajo custodia del Estado venezolano dos personas argentinas, una de ellas tiene además la nacionalidad venezolana.
Permanecen arrestados por motivos políticos, además, dos personas con nacionalidad ecuatoriana, una alemana, otro de República Checa, una con doble nacionalidad chilena y venezolana, y una de nacionalidad cubana.
El informe precisa que hay una persona detenida con nacionalidad guyanesa, una holandesa, otra con nacionalidades húngara y venezolana, una con nacionalidad peruana, pero que reside en Estados Unidos, una ucraniana y otra uruguaya.
"Son personas secuestradas"
Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del centro de análisis The Wilson Center, comentó a la Voz de América que los extranjeros detenidos en Venezuela “no son más que personas secuestradas por el gobierno para ser usadas en negociaciones internacionales”, conversaciones que generalmente dejan frutos políticos o económicos.
“Estados Unidos, en particular, ha mostrado un fuerte interés en hacer tratos para liberar a sus ciudadanos”, explica, y calificó esa política de “comprensible”.
Sin embargo, Gedan señala que esa estrategia bipartidista, es decir, que cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas, “incentiva la toma de rehenes estadounidenses”.
Los casos reportados en Venezuela tienen similitudes de “arbitrariedad”, violaciones de derechos humanos y de normas internacionales en materia de detenciones con los registrados en país con gobiernos de corte autoritario como Irán, China, Bielorrusia, Rusia y Corea del Norte, de acuerdo con la experta en relaciones internacionales Elsa Cardozo.
Esos detenidos extranjeros suelen caracterizarse por tener un estatus legal de “indefensión” y condiciones de prisión con acceso consular nulo o limitado de sus gobiernos de origen, apunta. “No hay argumentación detallada, sino la acusación de que son personas que atentan contra la seguridad del régimen”, comentó Cardozo a la VOA.
A su juicio, se convierten en “instrumentos de presión” del poder político en Caracas al momento de negociar, “reteniéndolos a cargo de ciertas condiciones”.
“El gobierno venezolano busca formalidad internacionalidad, ser reconocido y presionar por la eliminación de sanciones económicas”, concluye.
Días antes de la declaración de Rubio sobre los 9 detenidos “injustamente” en Venezuela, el gobierno de Trump publicó una licencia que ordena a la empresa petrolera estadounidense Chevron cesar sus operaciones en esa nación en 30 días.
Trump explicó que su decisión obedecía al irrespeto del gobierno de Maduro a los acuerdos políticos y electorales firmados en Barbados en noviembre de 2023 y a la lentitud con que marchaban los vuelos de venezolanos deportados desde Estados Unidos.
Maduro ha reiterado en público su disposición a un diálogo con la administración Trump, pero reconoció que la suspensión de la licencia general 41 sobre Chevron “dañó” las conversaciones directas de años recientes entre Venezuela y Estados Unidos.
La Casa Blanca no reconoce a Maduro como gobernante democráticamente electo.
Voceros del gobierno de Washington ratificaron que mantenían un apoyo “muy fuerte” a los venezolanos para que “haya una transición democrática” y se liberen a los prisioneros políticos.
El oficialismo venezolano ha denunciado más de una docena de supuestos planes conspirativos en contra de Maduro, apoyados presuntamente por gobiernos y ciudadanos extranjeros.
Entre 2022 y 2023, ocurrieron intercambios negociados de venezolanos y estadounidenses detenidos, que incluyeron la excarcelación de sobrinos de la esposa de Maduro y el empresario colombiano, hoy ministro del chavismo, Alex Saab.
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