En Nicaragua aparentan normalidad sobre la situación de la Iglesia católica

La misa del domingo 14 de agosto en la catedral de Matagalpa, a unos 130 kilómetros al norte de Managua, estaba llena. Los feligreses acudieron al templo no solo por su tradición religiosa, sino en apoyo a monseñor Rolando Álvarez, que estaba detenido en la casa cural cercana junto con otros sacerdotes y laicos.

El periodista estadounidense Benjamin Rubinstein, allegado al Gobierno nicaragüense, tuiteó dentro y cerca de la catedral con fotos y videos. Aseguró que investigaba una “campaña de desinformación masiva”, que la Iglesia había apoyado “en ocasiones de forma violenta” un “fallido golpe de Estado respaldado por Estados Unidos” y que las denuncias del acoso contra la institución y el bloqueo a sus fieles parecían “falsas” con la misa dominical llena.

Consultado por la Voz de América, Rubinstein confirmó por correo que había estado en Matagalpa y que no vio policías en torno a la catedral el sábado en la tarde y el domingo. “Noté una mínima policial mínima en toda la ciudad, excepto en la casa cural”, aseguró. “También me dijeron residentes de Matagalpa que Álvarez había tratado de convencer al cardenal para que sus seguidores marcharan desde la iglesia y alcanzaran a la policía”.

Normalidad policial para la Iglesia en Nicaragua

Varios medios reportaron aquellas denuncias. La Prensa, cuyos trabajadores han salido del país por presiones del régimen, informó que agentes antidisturbios “se mantenían apostados en las afueras del templo” y que según “reportes ciudadanos” la Policía había impedido movilizarse a “varias personas que iban camino a la catedral”. 100% Noticias, otra víctima del acoso oficialista, publicó que la Policía había desplegado efectivos “para impedir que la feligresía católica de municipios rurales asistiera al recibimiento de la imagen de la Virgen de Fátima en Matagalpa”. El miércoles 17, el medio Confidencial contó que en uno de esos municipios, Ciudad Darío, la misa de ese día se había celebrado bajo custodia policial.

Rubinstein también omitió en su tuit la situación del obispo Álvarez, crítico con el Gobierno de Daniel Ortega. La Policía lo había detenido acusándolo de “organizar grupos violentos” para “desestabilizar el Estado”, según el comunicado oficial del 5 de agosto, después de haber intentado recorrer las calles de Matagalpa con el Santísimo y celebrar una misa en la catedral.

“Ayer salió ese comunicado de la Policía en el que hemos leído que estoy siendo investigado no sé de qué, pero ellos estarán haciendo sus propias conjeturas, y que tenemos casa por cárcel”, respondió Álvarez durante una eucaristía celebrada en la casa episcopal. Desde entonces, el obispo transmitía algunos servicios religiosos a través de Facebook, hasta que la Policía lo trasladó el pasado viernes 19 a la capital al “persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras”, de acuerdo con otra nota de prensa.

Dando cuenta de los hechos, Rubinstein lo trató en Twitter de “golpista”, en línea con la narrativa del Gobierno. En su respuesta a la Voz de América aseguró sin mayores pruebas que la detención de Álvarez se relacionaba “con su participación en la planificación de la violencia en Nicaragua durante al menos cuatro años, y probablemente mucho más”.

Asimismo, el periodista estadounidense había asegurado el día 14 que la “campaña de desinformación” partía de hilos en Twitter que denunciaban la represión contra la Iglesia en Nicaragua con fotos de protestas en Chile o un video de un robo violento en una parroquia de Guyana. La propia red social los calificó de “engañosos” por presentarse fuera de contexto.

Denuncias pasadas y presentes

Sin embargo, ciudadanos, organizaciones civiles e internacionales y la propia Iglesia llevan años denunciando ataques a la institución y a los derechos humanos. “En Nicaragua no existe libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de circulación ni de movilizaciones cívicas. Se vive reprimido”, asegura el sacerdote Edwin Román. Román había sido párroco en la ciudad de Masaya hasta principios de mes, cuando se trasladó a Estados Unidos.

Su denuncia se suma a las de los sacerdotes Rolando Álvarez, Pablo Villafranca, de la arquidiócesis de Managua, o Silvio José Báez, exiliado en Miami, entre otros miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. A su vez, coinciden con las de organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), si bien el régimen ha ido quitándoles la personería jurídica a las oenegés a través de la Asamblea Nacional.​ ​

Los ataques del Gobierno de Nicaragua a la sociedad civil, incluida la Iglesia católica, vienen al menos desde las manifestaciones de abril de 2018 contra Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Las protestas comenzaron por una reforma con recortes a la seguridad social, pero pronto escalaron para rechazar la propia respuesta policial. De acuerdo con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la violencia en esos primeros meses, la Iglesia y los sacerdotes ejercieron un papel de mediadores.

Ortega y Murillo, sin embargo, empezaron a acusarlos de “golpistas” y “terroristas” por albergar a manifestantes en los templos. El señalamiento revivió los años ochenta, cuando la Iglesia había sido víctima de ataques durante el primer gobierno sandinista. Tras retornar al poder en 2007, Ortega pidió perdón, pero las agresiones volvieron años después.

En 2018 también fueron asaltados varios templos y agredidos varios sacerdotes. Según el informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, de la abogada y miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, Martha Molina, hubo 190 “profanaciones, sacrilegios, atentados, robos y ataques” contra la Iglesia desde el 20 de abril de ese año hasta el pasado 23 de mayo. La mayoría por parte del gobierno de Ortega. En algunos casos aún se ven impactos de bala, como en la Divina Misericordia, en Managua, donde parapolicías dispararon durante la noche del 13 de julio de 2018 porque acogía universitarios que protestaban.

El Vaticano solo pide diálogo

Con las detenciones de Rolando Álvarez, sus colaboradores y Óscar Benavides, ya hay una decena de sacerdotes bajo custodia policial o detenidos en Nicaragua. El primero, Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, Granada, fue condenado en junio a dos años de cárcel por delitos de agresiones físicas y psicológicas.

Esas medidas contra sacerdotes nacionales, o la persecución a extranjeros, también han elevado las tensiones a niveles diplomáticos. Ortega, por ejemplo, expulsó el 6 de marzo al nuncio apostólico sin explicar las razones. “La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito a Su Eminencia Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”, señaló el Vaticano en un comunicado.

Sin embargo, la Santa Sede no ha condenado los ataques a la Iglesia en Nicaragua. Su observador ante la OEA, monseñor Juan Antonio Cruz, manifestó el viernes 12 de agosto al Consejo Permanente la “preocupación” y el “deseo de colaborar con quienes apuestan por el diálogo”. Pero la OEA sí condenó en su resolución el cierre de oenegés y el hostigamiento a la Iglesia en el país. Frente al silencio del papa Francisco, veintiséis ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) le pidieron el día 17 en una declaración conjunta una “firme postura de defensa del pueblo nicaragüense”.

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